Información es lo que menos recibió la Contraloría durante el examen a la terminación del contrato para la exploración y explotación de gas en el Bloque 3. Lo mismo le ocurrió al auditar el proceso de cesión del contrato de concesión y sus modificatorios, entre Conelec y Machala Power Cía. Ltda. en favor de Celec EP, en la Secretaría de Hidrocarburos. Lo refleja el informe DASE-0013-2016 aprobado el año pasado.

La Contraloría examinó $ 80 millones distribuidos en: $ 49 millones por la terminación en el Bloque 3 y $ 31 millones por la cesión del contrato entre Conelec y Machala Power Cía. Ltda. a favor de Celec EP. Estableció dos glosas por los mismos montos.

En primera instancia la predeterminación de una responsabilidad civil culposa por 49 millones de dólares, notificada el pasado 11 de octubre, es a cinco exfuncionarios, como informó ayer EXPRESO. A esa se suma otra por 31 millones de dólares en contra de los mismos glosados, en la que además de los cinco exfuncionarios estaría también el exministro de Electricidad Esteban Albornoz.

Su abogado Carlos González informó a este Diario que su cliente no ha sido notificado aún y que en cuanto llegue el documento, al que sí ha accedido este Diario, responderá.

Los notificados tienen 60 días para presentar descargos. De confirmarse las responsabilidades, los $ 80 millones de las dos glosas tendrían que pagarse en forma solidaria, pero en el caso de Albornoz solo se lo menciona en la de $ 31 millones.

El exministro de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente sin funciones y preso en la cárcel 4 de Quito por asociación ilícita en el caso Odebrecht, Jorge Glas, es señalado por no haber proporcionado al equipo de auditoría los informes, actas y documentos de los procesos señalados. Además, por “no informar de los elementos, parámetros y cálculos de la consultora Gaffney Cline & Associates”.

Eduardo Franco, abogado de Glas, indicó que “la Contraloría está siendo utilizada políticamente. Eso es evidente y el país lo sabe”. En las glosas figuran además los nombres de Wilson Pástor, Carlos Pareja Yannuzzelli, José Icaza (en ambas), Ramiro Cazar (en la de 49 millones).

La terminación del contrato del Bloque 3 fue una consecuencia de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.

En su transitoria primera dispuso que los contratos de participación se modificarán al modelo de prestación de servicios en 120 días. Caso contrario, “la Secretaría de Hidrocarburos dará por terminados unilateralmente los contratos y fijará el valor de liquidación de cada contrato”.

Los representantes de Petroecuador y EDC Ecuador Ltd., subsidiaria de Noble Energy Inc., suscribieron el contrato de participación el 15 de julio de 1996. No hubo acuerdo para pasar al nuevo modelo y se dio por terminado el contrato.

En el caso de Machala Power, la Contraloría señala que en las entidades del sector eléctrico tampoco se evidenció que exista un archivo completo del expediente que contenga los documentos que generaron y que respalde el procedimiento efectuado. Hay una responsabilidad administrativa para 14 personas que no supera los 20 salarios.

Reacciones:

“Vemos que se suman cosas, pero como se habla de glosa eso tiene que ser desvirtuado. Sí extraña un poco que la Contraloría se está yendo contra una persona. Eso da cierto grado de sospecha”.

“Es más que evidente que donde Glas mete la mano hay problemas. Es cada vez más urgente que no solo se activen los temas de índole penal, sino que finalmente aprobemos en el CAL el juicio político a Glas”.

“El tema no ha terminado. Recién arranca. Hay que recordarle al país que recién se hace pública esta información. Antes todo era reservado. La oposición, en esta semana, perfeccionará el juicio político”.

“Hay mucha tela que cortar. El presidente dijo que entre un 60 y 80 % de las instituciones donde ponga el dedo sale pus. El vicepresidente resultó ser el único pez gordo, faltan algunos medianos y el tiburón también”.

“Siempre dijimos que Glas tiene que responder por todos los casos de corrupción en los sectores estratégicos, no solo por Odebrecht... En la Asamblea se debe presentar cuanto antes el pedido de juicio político”.

“Es una muestra más de tantas que vendrán en el futuro de los actos de corrupción que han estado todos gerenciados, me atrevo a decir, por el vicepresidente, cuando él dice que no ha tenido nada que ver”.