El estado de beligerancia quedó prendido en comunidades rurales de todo el país después de octubre de 2019. Hay territorios que la fuerza pública no controla, en los que a veces ni siquiera puede entrar y donde el secuestro se ha convertido en medida preventiva y en moneda de negociación corriente. El reciente sábado 14 de noviembre, un policía fue retenido en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, por un simple conflicto de tránsito. Al día siguiente, otros tres corrieron la misma suerte en Gualaquiza, Morona Santiago, durante un control rutinario de minería ilegal. Nuevos casos se producen cada semana y suman un centenar en lo que va del año, según un informe de la Policía que la ministra María Paula Romo se propone enrostrar hoy a los asambleístas, en el juicio político al que será sometida en el Pleno precisamente por su actuación durante la crisis de octubre del año pasado.

Cien secuestrados entre enero y noviembre: 15 fueron policías; 4 militares; el resto, civiles. Hay casos relacionados con abigeato, aplicación de justicia indígena, riñas internas… Pero 24 secuestros, es decir, la cuarta parte del total, son un atentado directo al derecho constitucional del libre tránsito. Ocurre que varias comunidades han decidido que ninguna persona ajena a ellas pueda circular por sus territorios sin una autorización previa de las autoridades locales. Esto incluye a policías en el desempeño de su trabajo. Quien no cumple esta disposición termina encerrado hasta que se negocie su liberación. Así, pues, 24 personas fueron secuestradas por el simple hecho de pasar.

Lo ocurrido en Saquisilí el sábado 14 fue una demostración de cuán poco se necesita para desatar el descontento popular y de lo rápido que suben las tensiones. En horas de la mañana hubo un procedimiento policial de control de tránsito que se saldó con la retención de un vehículo que se encontraba ofreciendo servicio irregular de taxi sin contar con las autorizaciones requeridas. Al mediodía, el cabo primero Marco Antonio Sibinta fue secuestrado por un grupo que la Policía identificó como “personas de etnia indígena que se dedican al taxismo informal”, y encerrado a fin de forzar un diálogo con las autoridades del cantón y canjearlo por el automóvil retenido. Como las cosas demoraron, a las tres de la tarde un centenar de indígenas armados con piedras asaltaron la UPC de Saquisilí. Afortunadamente no hubo heridos.

La violencia forzó el desenlace. Los taxistas informales indígenas, agrupados en el Comité de Desarrollo Social Camino al Progreso (Codesoc) y dirigidos por dos conocidos políticos del cantón (el exalcalde Jaime Llumitasig y el exvicealcalde Pedro Vargas), se reunieron con el alcalde de Saquisilí y el jefe de la subzona policial de Cotopaxi, Javier Velásquez y Pablo Argoti, y los pusieron contra las cuerdas. La reunión tuvo lugar en la sede del Codesoc y con ochenta alterados manifestantes en la puerta, gritando consignas y profiriendo amenazas. A las nueve y media de la noche, se acordó la devolución inmediata del taxi retenido a cambio de la liberación del policía, la capacitación de los oficiales para que no lo vuelvan a imponer este tipo de sanciones y el retiro de la señalización de tránsito de una zona de Saquisilí, cosa que se cumplió de inmediato por parte de los manifestantes: marcharon hasta el parque central del cantón y se llevaron hasta las señales de pare y de no estacionar. Este Diario intentó sin éxito comunicarse con los dirigentes del Codesoc.

Junto con Imbabura, Cotopaxi es la provincia con mayor incidencia de casos de secuestro según el ministerio de Gobierno. No es casual: se trata de uno de los epicentros de las protestas de octubre de 2019, donde se encuentran las bases de Leonidas Iza, el dirigente que reivindica la protesta violenta. En Saquisilí, concretamente, 47 policías fueron secuestrados en esa ocasión, hubo saqueo de plazas y mercados y la organización Jatarishun decretó la paralización de florícolas y plantas agroindustriales. Nadie fue preso por esos desmanes. Desde entonces, están en pie de guerra.

Transporte comunitario: 15 años tras el reconocimiento

En el movimiento indígena de Cotopaxi también hay quienes rechazan estos excesos. Lourdes Tibán, exasambleísta y experta en justicia indígena, lamenta que los hechos de octubre hayan dejado asentada en muchas personas la idea de que la justicia indígena se aplica en todos los casos de conflicto y que la fuerza es la manera más efectiva de satisfacer las reivindicaciones.

Ella lo tiene claro: la justicia indígena solo interviene en casos de conflictos internos. “Cuando los conflictos son con el Estado, la Policía tiene todo el derecho de sancionar”.

Tibán no justifica el secuestro del sábado 14 en Saquisilí, pero trata de entenderlo en su contexto, como un episodio de una historia ya larga: la del transporte rural comunitario y su búsqueda de reconocimiento. Propietarios de vehículos, pertenecientes a las mismas comunidades, ofrecen ese servicio a falta de otro. Los taxis que la Policía sanciona como informales son, en muchos casos, los únicos que brindan servicio a determinadas zonas. “Llevamos 15 años pidiendo reconocimiento”, dice Tibán.

El agua, otra causa del conflicto

El conflicto en Saquisilí y buena parte de Cotopaxi tiene una causa de fondo que va mucho más allá de un operativo de transito: el agua. La agroindustria y los monocultivos para la exportación (especialmente las empresas brocoleras) se llevan la mayor parte (hasta el 75 %) del agua de toda la provincia, según fuentes reconocidas por el propio Ministerio de Gobierno.