A Fernando Santos Alvite, el ministro de Energía de Guillermo Lasso que administró los apagones de 2023, lo cargaron con la culpa de cuatro gobiernos. Con 95 votos a favor y las abstenciones de la bancada de Construye y un puñado de independientes (24 en total), la Asamblea Nacional decidió este martes que la responsabilidad por la crisis eléctrica del Ecuador es suya. El juicio político que plantearon en su contra la oficialista Nicole Saca y Adrián Castro, de Avanza, terminó con su censura y consiguiente prohibición de desempeñar cargos públicos por los próximos dos años. El debate (que no lo fue ni mucho menos, como suele ocurrir en estos casos) duró apenas dos horas y media.

Santos Alvite fue hallado culpable de negligencia. El aparato probatorio que presentaron los acusadores se enfocó en demostrar que el entonces ministro de Energía fue advertido con holgada anticipación sobre el estado del sistema eléctrico, incapaz de afrontar la inminente sequía. El colapso, según los interpelantes, pudo evitarse fácilmente: nomás tenía Santos Alvite que ejecutar la parte que le correspondía (y la que no, según se desprende del debate) del plan maestro de electrificación, que preveía la construcción escalonada de un conjunto de hidroeléctricas y plantas térmicas; y dar mantenimiento a las existentes. En la primera jornada de este juicio, el jueves de la semana pasada, un exministro experto en sacarle el cuerpo a las responsabilidades políticas de su cartera, había dicho que nada de eso le correspondía; pero también puso sobre la mesa un conjunto de información que no estaba siendo considerada.

Ya se sabe cómo son estos debates: causa mejor impresión quien habla al último y tiene la razón quien dispone de más votos. En esa lógica, no hace falta refutar: basta con contradecir. A Santos Alvite le acusaron, por ejemplo, de pagar demasiado caro la energía que Ecuador compró a Colombia: 65 centavos el megavatio. Él había respondido que ese era el valor que marcaba “la bolsa del día”. Y que la ministra Arrobo, del actual gobierno, pagó un dólar. En el debate, nadie argumentó en contra de esta explicación pero todos volvieron sobre el tema, que se convirtió en uno de los argumentos centrales del juicio: que pagó demasiado. “Sobreprecio”, se llegó a decir.

Que no ejecutó el plan maestro de electrificación, repitieron asambleístas de todas las bancadas en el debate del martes. Que para el año 21 ya debía estar operativo Toachi Pilatón; para el 23, Cardenillo y Santiago. Esta acusación fue la piedra angular del proceso, aunque él había explicado que recién llegó al ministerio en 2021, para encontrar que Toachi Pilatón llevaba años paralizado por corrupción y desacuerdos; que Cardenillo es parte del sistema Paute, que colapsó por falta de agua, y habría colapsado lo mismo que Mazar; y que Santiago, diseñada por el correísmo, es “ambientalmente inaceptable”. Nadie lo refutó: se lo contradijo nomás. Así funciona la Asamblea.

Que no contrató la compra de gas para la termoeléctrica de Machala, decía la acusación. Que las turbinas de Termomachala fueron compradas por el correísmo con la expectativa de alimentarlas con el gas que pretendían extraer del Golfo de Guayaquil, proyecto fallido en el cual se perdieron 400 millones, explicó Santos Alvite. Ahora, para traer gas a esa central se necesita una instalación en Puerto Bolívar y un gasoducto que cuestan 200 millones, dijo. Tampoco fue desmentido por nadie. En el debate, simplemente, bastó con repetir: no compró gas para la termoeléctrica de Machala. Por tanto, es culpable.

Por lo demás, hubo asambleístas de Construye que ya empezaron a divertirse anticipando lo que será el juicio a Andrea Arrobo, la ministra que Daniel Noboa echó de su gobierno acusándola de correísta y contra quien los correístas, efectivamente, no dicen media palabra (¿la tratarán tan mal como a Santos Alvite?). Y alguna voz de Avanza (Lucía Posso) que puso el dedo en la llaga de la crisis nacional: no hay que reclamar a Santos Alvite ni a Arrobo, “sino a quienes ahora tienen la responsabilidad de eliminar los subsidios” que mantienen al país con déficit crónico y crisis energética. Todo lo cual queda para la anécdota. Lo oficial, lo que constará en los libros, es que la crisis eléctrica que vive el Ecuador ya tiene un nombre: Fernando Santos Alvite. No solucionará el problema de los apagones pero resulta fenomenal tranquilizar conciencias.

Dudas sobre la legalidad

El juicio político contra Fernando Santos Alvite había sido archivado en diciembre pasado, cuando los correístas andaban tratando de acortar los plazos para llegar al juicio político contra la fiscal. “Se cayó el juicio”, dijo en esa ocasión Pamela Aguirre, presidenta de la mesa de Fiscalización. Lo resucitaron a fines de febrero, fuera de todo plazo. Pedro Velasco, de Avanza, dijo que es ilegal.