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Juicio en contra de exservidoras judiciales de Manabí se reanuda

Exjueza, exfiscal y abogados en libre ejercicio encaran un juzgamiento por presunto delito de asociación ilícita derivado de un caso de drogas.

Juicio drogas
Dos de los siete procesados permanecen detenidos en la cárcel de Guayaquil.Pamela Vera

La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas reinstaló, la mañana del 18 de diciembre, la audiencia de juzgamiento en contra de siete personas; entre ellas, una exjueza y exfiscal que llevaron un proceso de tráfico de drogas que implicó a exfuncionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) con una narcoavioneta, en diciembre de 2017.

Las exservidoras judiciales fueron acusados por la Fiscalía de haberse asociado con abogados en libre ejercicio, para cambiar el delito por el que era investigado un grupo de personas, con la finalidad de obtener beneficios y rebajas de la pena. La acusación fue acogida por el presidente subrogante de la Corte del Guayas, Francisco Morales, quien -en agosto de este año- llamó a juicio a la exjueza Ana Ofelia Posligua Ronquillo, la exfiscal Angélica Viviana Beltrán Vallejo, a los abogados Johana Gabriela Del Pezo Zambrano, Xavier Alexander Novillo Arana, Walter Zambrano Mero, quien se desempeñaba en ese entonces como secretario de la Fiscalía de San Vicente. Además de los procesados Robinson Adrián Arroyo Yépez y Víctor Hugo Endara Inestroza.

La diligencia que estuvo a cargo de los jueces: Henry Morán, Adolfo Gaibor (ponente) y José Poveda, se retomó con la prueba testimonial del perito de Criminalística que hizo la explotación de los 26 teléfonos celulares que fueron incautados en los allanamientos que se ejecutaron para detener a los implicados, dos de los cuales permanecen en prisión. En el informe de audio y video que entregó dentro de las investigaciones, y que consta en el acta de llamamiento a juicio, el experto hizo referencia al celular encontrado en poder de Robinson Arroyo, “en donde aparecen imágenes extraídas de dicho elemento, así como un manuscrito donde aparece escrito ‘50.000’, ‘3.000 secretario’, ‘1.500 policía Piedra’, ‘15.000 peritos’, ‘5.000 vinculado’; de igual manera expresa la Fiscalía que en otro manuscrito se lee: ‘300.000’, ‘200.000’ ‘fiscal reformular’ ‘50.000 juez es para aceptar reformulación y para cambio de delito’ ‘50.000 tema de vinculaciones’”.

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La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quien lleva el caso, ha solicitado un total de 29 testigos; entre los cuales constan tres servidores de la Función Judicial de Manabí, donde se tramitó el proceso de tráfico de drogas contra trece personas vinculadas con una avioneta de bandera mexicana, que aterrizó el 2 de diciembre de 2017 con más de media tonelada de cocaína y cerca de 200.000 dólares, en el interior del aeropuerto Los Perales del cantón San Vicente, provincia de Manabí.

Entre los testigos que acudieron como prueba de la Fiscalía estuvo la jueza que llevó el caso de tráfico. En su comparecencia explicó que ella estuvo de vacaciones cuando la fiscal que inicialmente conoció ese expediente, Angélica Beltrán, solicitó reformulación de cargos. Lo que fue concedido por la jueza que la reemplazó en su despacho, Ana Posligua, un día antes que feneciera su encargo.

“Cuando regresé de vacaciones (el 26 de diciembre de 2017) me di cuenta que la carátula del expediente ya no decía tráfico sino producción”, dijo la testigo, como parte de la serie de cambios que se habían dado en ese caso, entre los días 18 y 21 de ese mes.

“Un proceso donde no había necesidad de hacerlo, pues la instrucción fiscal fenecía el 2 de enero del 2018, es decir que la Fiscalía tenía tiempo suficiente para ser convocada a la audiencia con anticipación”, según reza la resolución de la Presidencia de la Corte, en la que se añade -según la exposición del fiscal que llevó el caso- faltaban 10 días, “por lo que la Fiscalía manifiesta que estos hechos sumados a los reportes telefónicos antes indicados, donde inclusive se encuentran unos chats donde el ciudadano Robinson Arroyo se desprende que se había entregado la cantidad de trescientos mil dólares a la referida fiscal, juez, secretario de fiscales, quien habría elaborado los oficios de vinculación y de reformulación por disposición de la fiscal”.

Durante la audiencia, los defensores de la exjueza y de algunos abogados procesados cuestionaron el informe del perito de Criminalística al considerar que había sido “contaminado”.

Pero el abogado Juan Vizueta, quien defiende a su colega Johanna Del Pezo, cuestionó además lo que considera una “criminalización” del ejercicio profesional. “A ella no se la ha mencionado estar inmersa dentro de ningún tipo de comunicación, acuerdo o concertación con ninguno de los procesados. La única actividad de ella fue haber sido contratada como profesional del derecho para asistir a una persona que ha acudido a rendir una versión dentro del proceso que se llevaba a cabo en un tema de drogas en Manabí. Lo que cuestionamos dentro de esta audiencia es que se estaría criminalizando el ejercicio de la profesión de los abogados y, en ese sentido, los abogados no tienen ningún tipo de responsabilidad frente a las afirmaciones que haga una tercera persona dentro del proceso penal”, dijo Vizueta.

Vizueta objetó además que se hayan intervenido las conversaciones entre abogados y clientes y recordó lo ocurrido en

España con el juez Baltasar Garzón, quien -en calidad de juez- “fue suspendido por haber permitido las escuchas telefónicas entre personas que estaban siendo procesadas y sus abogados, no es algo tan constitucional que se permita porque es propio del secreto profesional que debe tener el abogado con su cliente”.

Pasadas las 13:00, la diligencia se suspendió por cuanto los jueces tenían que acudir a otra audiencia. No se señaló fecha de reinstalación.