Sala Penal decidira la suerte de Ivan Espinel en caso de peculado

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Sala Penal decidira la suerte de Ivan Espinel en caso de peculado

Este martes se realizará la audiencia de apelación a la sentencia que se dictó a favor del exministro de Inclusión Económica y Social.

Espinel y otras siete personas fueron investigadas por un presunto perjuicio al Estado de cerca de 124.000 dólares.

La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas concretó para este martes la audiencia de apelación a la sentencia que se dictó a favor del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel Molina, dentro del proceso de peculado.

El fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, desistió de participar en una pasantía internacional a la cual había sido invitado, por lo que solicitó se mantenga la fecha que señaló la Sala, para fundamentar el recurso que presentó en contra de la decisión que tomó el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, el pasado 15 de febrero.

Los jueces ratificaron la inocencia de Espinel y otras siete personas que fueron investigadas por un presunto perjuicio al Estado de cerca de 124.000 dólares, por contratos de prestación de servicios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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El pasado 7 de noviembre, la Sala Penal negó al fiscal el pedido que había hecho de anticipar la fecha para que se celebre la audiencia del recurso de apelación.

Desde entonces, el magistrado Pedro Ortega (ponente) fijó para este 26 de noviembre la diligencia, para escuchar los fundamentos tanto de la Fiscalía Provincial del Guayas, la Contraloría General del Estado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Procuraduría General del Estado. La audiencia está prevista a las 08:30, en la Corte Provincial del Guayas.

La Sala advirtió que, en caso de que falten los representantes de las entidades mencionadas se declarará el abandono del recurso, conforme lo dispone el numeral 8, del artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, se comunicó a las partes que no se aceptarán más diferimientos. Y, por si faltan los abogados de las partes procesales, se dispuso la intervención de la Defensoría Pública.