A María Paula Romo se le viene encima un segundo juicio político cuando el primero no ha hecho sino empezar. Ahora se la acusa de participar en el esquema de corrupción conocido como “reparto de los hospitales”. Hasta la víspera, los interpelantes trataron de meter ese tema por la ventana en el juicio en desarrollo, que se centra en la actuación de la ministra de Gobierno durante la crisis de octubre del año pasado. Para ello contaban con una retorcida argumentación jurídica de Lourdes Cuesta, una de las interpelantes (ex de CREO y actual candidata a la reelección por el Partido Social Cristiano). Sin embargo, los otros dos (el independiente Roberto Gómez y la correísta Amapola Naranjo) prefirieron irse por la seguridad de la vía reglamentaria, para evitar sorpresas desagradables, y presentaron ayer el pedido de un nuevo juicio que deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El juicio cuenta, hasta el momento, con 45 firmas de respaldo, según reveló Gómez en una rueda de prensa ofrecida mediante teleconferencia. Lo apoyan dos bloques completos (el correísta y el socialcristiano), más un grupo de independientes (entre ellos nombró a Mae Montaño, Héctor Muñoz, Fabricio Villamar…) y gente de SUMA. “Los que no han firmado son los que están en el bloque del movimiento oficialista y en el de Luis Pachala”, dijo en alusión a CREO, partido del que formó parte y al que ahora se abstiene de mencionar, aunque no para de criticar.

En este nuevo juicio político, figuran como pruebas en contra de Romo los testimonios obtenidos por la Fiscalía en la investigación del caso Hospital de Pedernales, que involucra al exasambleísta Daniel Mendoza. En esos testimonios (entre los que se incluye el del propio Mendoza) el nombre de la ministra aparece una y otra vez relacionado con un esquema de entrega de cargos a varios legisladores a cambio de votos para la aprobación de leyes o para el bloqueo de juicios políticos, entre ellos el suyo propio. “Los implicados dicen que Romo condicionó la entrega de la Gobernación de Manabí a cambio de que se archive el juicio político en su contra”, puso Gómez como ejemplo. “Cuando se archivó el juicio -añadió, llamando la atención sobre la cronología de los hechos- se entregó la Gobernación de Manabí (a Tito Nilton Mendoza), que era parte de la cuota política que había pedido el asambleísta Mendoza”.

“Esto es absoluto -concluyó Gómez-. La ministra de Gobierno es responsable. Las pruebas son absolutamente irrefutables y son contundentes. De tener dignidad habría renunciado. Hasta el ministro de Salud ha reconocido ante la Asamblea que se investiga el reparto de hospitales como cuota política”.

Sin embargo, la entrega de cuotas políticas, según los testigos de la Fiscalía, va mucho más allá de los hospitales. En Manabí incluían la Secretaría de la Reconstrucción, la Gobernación, Senplades y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que también fue entregada a Mendoza. “Nos reportaba 30 o 40 dólares por trámite, es decir, alrededor de 2.500 dólares diarios", dice uno de los testimonios anticipados. “Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaint en el juicio político en su contra”.

Este segundo juicio político contra María Paula Romo luce mucho más contundente que el primero. En la Asamblea nadie está seguro de que la oposición pueda contar con los 91 votos que se necesitan para censurarla en relación con la crisis de octubre. El tema del reparto de los hospitales, en cambio, no solo que compromete más a la ministra en lo que a responsabilidades políticas se refiere, sino que ya fue tratado en una sesión plenaria con resultados calamitosos para ella.

En efecto, el pasado 27 de agosto, el Pleno conoció el informe de la comisión ocasional constituida para investigar a Daniel Mendoza y decidió, con el contundente apoyo de 123 legisladores de 124 presentes (solo la oficialista Yovana Lozada se abstuvo), no solo censurar y destituir al legislador manabita, sino “exigir al presidente de República” (tal cual, con ese verbo) “la remoción de la ministra de Gobierno”. La resolución cita un hecho que el pedido de juicio político vuelve a invocar: que la ministra, durante su comparecencia en la Comisión, reconoció “haber recibido sugerencias de nombres por parte del exasambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos”.

En resumen: si alguna coherencia existe todavía en la Asamblea, Romo está perdida. Claro que todavía falta que el CAL califique el juicio político y que el presidente César Litardo se digne enviarlo a la Comisión de Fiscalización. La última vez tardó diez meses.