El reves de una sentencia
Los fallos ‘blandos’ pueden revertirse cuando la voz de reclamo encuentra eco en lo más alto. Tres expertos analizan el porqué de la severidad en sanciones.
La sed de justicia parece saciarse mejor afuera de los corredores judiciales. Una sentencia ‘benigna’ puede convertirse en la más severa, si el clamor popular llega a la palestra pública. Casos de figuras conocidas y no tan conocidas han logrado una sanción ‘ejemplar’ cuando el mazo de la ley cae desde lo más alto.
El 21 de junio de 2015, Geovanny López fue condenado a dos años de prisión por el delito de homicidio inintencional de su exconviviente, la cantante Edith Bermeo ‘Sharon La Hechicera’. Dos meses después, el fallo fue anulado y el tribunal que conoció el juicio suspendido. El 29 de octubre, tres nuevos jueces condenaron al hombre a 26 años de cárcel y al pago de 100 mil dólares, por otro delito: femicidio.
¿Qué pasó?, ¿por qué esa disparidad de criterios en los jueces y en las sentencias?
El catedrático y exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Edmundo René Bodero, observa una arraigada creencia del pueblo en que la justicia es venganza. “Hay una conexión entre el exacerbamiento de las pasiones populares por medios de comunicación social televisivos, sobre todo programas faranduleros que, subliminalmente dirigen a los jueces, explotan las pasiones de la ciudadanía, lo malo del ser humano: el odio, el rencor, la venganza”.
La gente cree -añade- que la pena tiene un poder disuasivo; esto es, que mientras más alta es la sanción, más terror van a sentir los potenciales delincuentes y se van a inhibir de cometer la infracción; lo que es absolutamente falso, porque la pena no tiene poderes inhibitorios.
De allí que sostiene que las sanciones exageradas son una respuesta demagógica de los gobiernos, “porque eso es lo que quería el pueblo”, dice al analizar el caso Sharon.
El conocido jurista Jorge Zavala Egas descarta que el problema esté en la ley penal o en el sistema. “El problema está en la falta de independencia de los jueces, que no les permiten administrar justicia en forma independiente y tienen que adecuarse a la política criminal del Ejecutivo que es quien, en definitiva, pone la sentencia y pone la pena”.
La primera sanción a López provocó la indignación no solo de la familia de la artista y sus seguidores, sino del presidente Rafael Correa y del ministro del Interior, José Serrano, quienes se pronunciaron públicamente al no estar de acuerdo con la sentencia que recibió.
Dieciséis días después del fallo, los jueces del primer tribunal de Garantías Penales de Santa Elena, que inicialmente conocieron el caso, fueron suspendidos 90 días. Otro tribunal llevado de Guayaquil hizo borrón y cuenta nueva del juzgamiento. Al final del segundo juicio, el veredicto fue más severo con la condena: 26 años de cárcel.
¿Y por qué la severidad? Zavala observa razones políticas que llevan un mensaje mucho más grave: “no se metan con el Gobierno”.
Lo ejemplifica con el caso de Francisco Sampedro, quien estuvo preso casi tres meses, luego de ser contratado para transportar un equipo de sonido y un monigote de borrego para una protesta social contra las enmiendas constitucionales. La paga era de 35 dólares. Horas después, el Ministerio del Interior anunciaba que tres policías estaban heridos por la protesta.
Sampedro fue detenido en su casa e investigado por un presunto transporte de explosivos, armas químicas o biológicas, penado de 5 a 7 años de prisión.
Su defensa, amigos y familiares sostuvieron siempre su inocencia. Iniciaron una serie de plantones y presión para que se lo libere. En una sabatina, el presidente Correa dijo que “este señor transportaba bombas molotov. Llantas con gasolina. Eso sí es delito...”. El último viernes, la Fiscalía lo acusó, pero de un delito menor sancionado de 3 a 5 años de cárcel. Un juez lo llamó a juicio, pero ordenó su excarcelación. Una libertad por ahora provisional.
Pero cierto es, que las exigencias de una sanción más rigurosa ha venido de la misma ciudadanía que ha visto en muchos casos impunidad. Y el clamor ha tenido eco en la Fiscalía.
El 14 de enero de 2016, el fiscal Franklin Saltos pidió a los jueces del décimo tribunal de Garantías Penales del Guayas “dar un ejemplo para sentar un precedente a la sociedad” en la sentencia que se impondría a tres mujeres acusadas de un intento de asesinato a la modelo Angie Silva, en la zona rosa de Guayaquil.
¿Y por qué la máxima pena?, “para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”, dijo Saltos, al referirse a la brutal paliza que recibió la víctima, la madrugada del 28 de junio de 2015, con golpes de puño, cortes en todo el cuerpo, incluso en las partes íntimas y cerca de la yugular, realizados con picos de botella y tacos de zapatos. Un vídeo fue la prueba contundente.
El 22 de enero, Simuy Lozano Salavarría, conocida como la ‘Barbie del Sur’ fue condenada a 23 años 11 meses de prisión, a someterse a un tratamiento psicológico y a pagar $ 335.330,08. Otras dos mujeres acusadas de cómplices recibieron la mitad de la pena. La defensa de Angie pide la máxima sanción a ellas.
Sin entrar en defensa de las implicadas, Bodero cree que la condena contra la ‘Barbie’ fue exagerada.
“Si ya está declarando que es (tentativa de) asesinato o (tentativa de) asesinato agravado, no puede aumentar las agravantes que están en otra parte y son para los delitos que no se cometieron con esas agravantes. Por ejemplo, el robo”, explica el jurista.
