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La revelación de la fiscal Diana Salazar quiebra posiciones entre los legisladores

Asambleístas de diversas bancadas difieren en sus posturas con respecto a la denuncia de la fiscal general del Estado. Coinciden en que la funcionaria debe esclarecer

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, reveló presiones en su cuenta de Twitter.ARCHIVO / EXPRESO

Posturas encontradas. Pulgares hacia arriba y otros hacia abajo en la Asamblea Nacional tras la revelación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre presiones que estarían ejerciendo exautoridades, personal de otras funciones y “ciudadanos ilustres” para incidir a favor de la revisión de medidas del contralor Pablo Celi, detenido dentro de la investigación por una presunta trama de sobornos en Petroecuador.

La legisladora Wilma Andrade, de las filas del partido Izquierda Democrática, es de las que aplaude a la ministra fiscal. Considera que lo que hizo Salazar es poner en evidencia el escenario en el que investiga esta trama de corrupción. “Ella tomará las acciones debidas en su momento... Veo que, quizá, quiso alertar al país de lo que implica la investigación que está haciendo, pero no denota que se sustrae de esa responsabilidad. Yo hilo más fino”.

Creo que lo que buscó la fiscal Salazar (con los tuits) es hacer conocer a los ecuatorianos que,    frente al tema que está investigando como una trama de corrupción, existe esa precisión. Eso, para mí, no modifica su accionar ni el de la Fiscalía

 Wilma Andrade, legisladora de la Izquierda Democrática.

En la otra orilla está el asambleísta Fausto Jarrín, de la alianza Unión por la Esperanza. Mientras Andrade pide paciencia para que la fiscal actúe frente a su propia revelación, su par correísta cree que debe actuar ya e iniciar inmediatamente una investigación previa probablemente de tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias. “La insinuación de la fiscal es directa. Sabiendo quiénes son los ciudadanos ilustres o exfuncionarios que están ejerciendo presión debería iniciar investigación. Así como en otras circunstancias ha bastado un mensaje en Twitter    o comentario en Facebook para iniciar procesos penales, con la misma celeridad debió haber iniciado contra esos ilustres ciudadanos”.

Después de ver a la máxima autoridad de la Fiscalía recurriendo a rumores en redes sociales, creo que no va a iniciar una investigación. Creo que es un grito desesperado de tratar de salir de las presiones que está recibiendo

Fausto Jarrín, asambleísta de la alianza Unión por la Esperanza.

La legisladora de Pachakutik, Patricia Sánchez, está convencida de la veracidad de la denuncia de la fiscal. Lamenta que este escenario se ‘cocine’ en las más altas esferas del poder y la ciudadanía poco llega a conocer de esto. “Lo único que esperamos los ecuatorianos es que salgan a la luz estos casos. El país necesita un baño de verdad profundamente”.

Todas las Funciones del Estado deben mantener su espacio y respeto. Lo que nos corresponde es exigir procesos de justicia limpios, transparentes y que todo ejercicio de la justicia debe ir acompañado del debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos

Patricia Sánchez, legisladora de Pachakutik.

Sin que esto constituya una intromisión de una Función del Estado sobre otra, ante la pregunta de que si la Asamblea puede hacer algo para dilucidar aún más la revelación de Salazar también hay opiniones divididas. El legislador Francisco Jiménez, de las filas del movimiento CREO, explica que el Legislativo tiene la potestad, al tratarse de un asunto público, de llamar a la fiscal para que aclare lo expuesto en su cuenta personal de Twitter. “El llamado puede hacerlo la Comisión de Fiscalización o el pleno de la Asamblea”, comentó.

Esperamos que la fiscal esté en condiciones de hacer su trabajo. Y ello significa dar detalles respecto de las afirmaciones que ha invocado. Según sus palabras, no hay nadie involucrado por parte del Gobierno, pero es importante que ella precise

Francisco Jiménez, legislador del movimiento CREO.

En cambio, Andrade cree que la Asamblea Nacional no debería pronunciarse y dejar que la fiscal haga su trabajo. En esa misma línea está Sánchez.

Mientras que Jarrín coincide con Jiménez y considera que la Comisión de Fiscalización debería convocar a la fiscal Salazar para que diga los nombres de esos exfuncionarios que, dependiendo de su rango, podrían ser aún sujeto de un proceso político en el Legislativo.