Repensar el voto obligatorio

Más que la cercanía de las elecciones seccionales, lo que ha traído una cierta animación al lánguido proceso en desarrollo es lo referente a la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación ciudadana y Control Social (Cpccs). Tan poco conocidos son algunos de los aspirantes, que la ciudadanía siente que es una farsa votar por ellos, sin tener la más leve información respecto a sus merecimientos en relación a la alta dignidad a la que aspiran.

La situación ha puesto de nuevo en la agenda del debate público incluso la necesidad de una reforma que elimine la vieja ambigüedad de que, estableciendo como un derecho constitucional el hecho de elegir y ser elegido, también la Carta Magna consagre la obligatoriedad de hacerlo, convirtiendo al sufragio en un derecho que es también un deber.

En efecto, ahora, en razón del fenómeno antes aludido, se especula con pasión respecto a los posibles efectos de votar nulo, a quién perjudica o beneficia así hacerlo y se comienza a sugerir que el voto no puede ser obligatorio.

En la práctica, asumiendo lo delicado del tema y cuidando de no caer en especulaciones noveleras, es indudable que el asunto amerita una seria reflexión. Sin duda, un primer efecto de suprimir la obligatoriedad de votar sería el incremento del ausentismo pero también podría significar un aumento de la actividad interelecciones de los partidos políticos que, normalmente, es casi inexistente en los intervalos entre los sufragios.

Si el voto no fuese obligatorio los partidos políticos tendrían que estar en actividad permanente, haciendo proselitismo, capacitando y organizando políticamente a los ciudadanos.

Valga señalar que la condición obligatoria del voto tiene amplia acogida en América Latina pero sus efectos en la práctica política y la calidad de su ejercicio no se reflejan con la esperada contundencia respecto a los países que dejan a la libre elección de sus connacionales el votar o no.

Obviamente, no es el actual el momento más adecuado para plantear reformas electorales. Además, dichas reformas ya están legalmente prohibidas durante el período en curso. Sin embargo, parece necesario dedicar el interés nacional a plantear el debate para incluirlo en la agenda de los múltiples cambios en los que conviene pensar antes de las elecciones del 2021.