El toque de queda no es por homicidios, dice Reimberg, sino por economía criminal

El Gobierno sostiene que el nuevo toque de queda implementado en nueve provincias del país y cuatro cantones responde a una estrategia de seguridad previamente planificada, cuyo objetivo principal es debilitar las estructuras económicas de los grupos criminales, más allá de una reducción coyuntural de las muertes violentas.

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Así lo explicó John Reimberg en una entrevista en Teleamazonas, en la que señaló que la medida forma parte de una hoja de ruta definida desde antes del primer toque de queda y que contempla la ampliación territorial como un elemento clave para aumentar la capacidad operativa del Estado.

Según Reimberg, el bloque de seguridad ha trabajado en la identificación de objetivos tanto en la economía criminal como en personas vinculadas a grupos delictivos. De acuerdo con su explicación, cuando se aplicó el primer toque de queda ya estaba delineada la estrategia para el segundo, aunque no se la hizo pública en ese momento.

Tras la primera fase, las autoridades continuaron afinando los objetivos, con apoyo de cooperación internacional, y decidieron incorporar a más provincias. 

El argumento central es que una cobertura territorial más amplia permite articular mejor los esfuerzos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incrementando la presión sobre las organizaciones criminales durante el período de vigencia de la medida.

Reducción de muertes violentas: contexto y alcance

Durante el primer toque de queda, las cifras oficiales reportaron una reducción del 34 % en las muertes violentas. Sin embargo, Reimberg enfatizó que esa disminución no constituye el objetivo central de la política de seguridad.

Explicó que la tendencia a la baja comenzó antes de la aplicación de la medida. Según los datos expuestos, enero y febrero ya mostraban una reducción de los homicidios, y marzo inició con una caída cercana al 30 %, tendencia que se mantuvo durante el toque de queda.

Desde su perspectiva, la reducción de homicidios es una consecuencia esperada, pero no el fin principal. El foco, insistió, está en afectar las economías ilegales que sostienen actividades como extorsiones, secuestros y delitos comunes.

Percepción de repunte y disputas entre grupos criminales

Ante la percepción ciudadana de un repunte de la violencia tras el levantamiento del primer toque de queda, Reimberg sostuvo que ese fenómeno está vinculado a los golpes propinados a las estructuras criminales.

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Según explicó, durante ese período hubo delincuentes abatidos y afectaciones directas a las economías ilegales, lo que habría provocado disputas internas entre grupos delictivos por el control de recursos y territorios.

En ese contexto, mencionó la muerte de un cabecilla identificado como Frenillo, ligado a Mafia 18, hecho que —según su análisis— dejó vacante un liderazgo y desencadenó enfrentamientos entre facciones por la economía criminal que administraba.

Resultados por provincias y cifras acumuladas del año

Reimberg afirmó que, de acuerdo con los reportes revisados en ese mes, varias provincias muestran descensos significativos en los índices de criminalidad. Entre ellas mencionó a Manabí, Los Ríos, Guayas y distritos, que aparecen en indicadores “en verde”.

Frente a la interrogante de si la mejora está relacionada con la reciente inclusión de algunas de estas provincias en el toque de queda, precisó que los datos presentados corresponden al período acumulado desde el 1 de enero y no únicamente al mes en curso.

En el caso de Manabí, por ejemplo, señaló que la provincia registra una reducción cercana al 20 % desde enero, pese a que no formó parte del primer toque de queda. A su criterio, estas cifras reflejan un trabajo sostenido a lo largo del año.

Restricciones, economía y lógica preventiva

El funcionario reconoció que el toque de queda implica restricciones para la ciudadanía y efectos sobre la actividad económica. No obstante, defendió la medida como necesaria para evitar que los grupos criminales se reorganicen o recuperen su capacidad financiera.

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En ese sentido, explicó que la inclusión de provincias como Pichincha responde a una lógica preventiva. Según dijo, la decisión busca impedir que la economía criminal crezca antes de que se produzca un repunte significativo de la violencia.

La estrategia, concluyó, apunta a cortar de forma anticipada las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos, intervenir zonas consideradas estratégicas y actuar contra los responsables, con el objetivo de contener y debilitar estructuras criminales a mediano plazo.