¿Diferente color, mismo ADN?Gobierno de Noboa repite prácticas de la 'vieja' política

Los recientes señalamientos al oficialismo muestran una realidad que, de a poco, se ha ido consolidando con el tiempo: pueden tener diferentes colores, pero comparten el mismo ADN de la llamada vieja política.

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Y es que, aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha intentado proyectarse desde el día cero como una renovación política, varias de sus figuras han sido salpicadas por señalamientos que, según la narrativa oficialista, solo eran propios de la llamada vieja clase política ecuatoriana

Empezando por su círculo cercano: apenas seis meses después de haber sido electo por primera vez, en noviembre de 2023, el presidente estuvo bajo la lupa por un supuesto conflicto de intereses en la construcción de un proyecto inmobiliario vinculado a la familia de su esposa, Lavinia Valbonesi.

Y los cuestionamientos no han parado: la inexperiencia de sus asambleístas, la presencia de funcionarios de otros gobiernos, presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas, posibles conflictos de intereses y, recientemente, incluso señalamientos de nepotismo entre sus legisladores.

La rápida caída de la narrativa de que el Gobierno de Noboa representaba una renovación política, según el politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, Arturo Moscoso, no debería ser una sorpresa, pues el ADN nunca fue algo nuevo. “No hay ninguna diferencia (con la vieja política) más allá del color. El disque nuevo Ecuador es sumamente parecido al Ecuador del correísmo. Con muchas formas muy similares. La diferencia es que hay otras personas, otros nombres, pero son las mismas prácticas”, comenta.

Sin embargo, acota que, aunque la comparación es evidente, las urgencias en materia de seguridad y economía son tan apremiantes para los ecuatorianos que el foco de la discusión está en otro lado y no en la narrativa que hasta el momento ha sostenido el régimen.

Un Gobierno disfrazado de eslóganes

En esa misma línea, el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, coincide en que los señalamientos al Gobierno no deberían sorprender, pues siempre ha sido el mismo: “El Gobierno desde el primer momento se presentó como lo que estamos viendo, disfrazado de eslóganes y de acciones mediáticas”.

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El ejemplo más claro —pero no el único—, continúa Alarcón, fue la situación con la exministra de Energía, Andrea Arrobo, quien sirvió como válvula de escape en la crisis de los apagones en 2024. “Ha pasado con la comunicación y la pauta. Y también ha pasado en la Asamblea Nacional, donde originalmente no tenían una mayoría consolidada”.

Tanto para Moscoso como para Alarcón, el punto en el que se encuentra ADN y el Gobierno era predecible. “Estamos hablando de lo mismo, pero en color morado”, coinciden y sostienen que eso se refleja en cada acción: “¿Qué ha pasado con los legisladores que gestionaron cargos para sus familiares? No basta con la desvinculación, pues quienes gestionaron los cargos, sabiendo que además la ley lo prohibía, estaban cometiendo un delito”.

El oficialismo está contra las cuerdas

Tras ser salpicado por una presunta trama de nepotismo al interior de la Asamblea Nacional, el asambleísta oficialista Jorge Chamba enfrenta una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), impulsada por el correísmo, con el objetivo de que el caso llegue al Comité de Ética.

En la denuncia presentada al CAL, el asambleísta proponente, César Palacios, plantea la sanción máxima para el legislador de ADN; es decir, la destitución del cargo y la inhabilitación por dos años para ejercer funciones públicas.

A la par, el presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, enfrentan una denuncia por haber recibido “de manera irregular” donaciones de la empresa minera Dundee Precious Metals para entregar la licencia ambiental del proyecto en Quimsacocha, Azuay.

La denuncia es impulsada por el excandidato presidencial Yaku Pérez, quien sostiene que Noboa y Valbonesi habrían incurrido en tráfico de influencias, cohecho y conflicto de intereses, entre otros delitos concurrentes que, a criterio del excandidato presidencial, deben ser sancionados de acuerdo con la ley.

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