Según la convocatoria del Consejo de la Judicatura, después de las 23:59 del 19 de agosto de 2023 el sistema de postulación de candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia se cerrará automáticamente.

La Judicatura abrió el pasado 6 de agosto las inscripciones para los interesados en la renovación parcial de la Corte. Se buscan siete jueces nacionales, aunque en ese ente el próximo año ya le faltarán en total 10.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, opina que es importante esa selección, “pero son más importante los jueces de la sala penal”.

¿La razón? Ocaña explica que son esos judiciales los que tendrán que avocar conocimiento de procesos penales que están en marcha, sobre todo en perjuicios por corrupción por el fuero que tienen.

Por la sala penal han pasado exministros, expresidentes, vicepresidentes, asambleístas y funcionarios de alto rango, que en muchos casos fueron juzgados y sentenciados por peculado, cohecho agravado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias, asociación ilícita, delincuencia organizada y otros.

Una buena cantidad de señalados por corrupción corresponde al correísmo, con Rafael Correa a la cabeza, y 19 personas más.

De entre quienes sean seleccionados podría salir el tribunal que conozca una posible revisión en el caso de Correa, recurso que, de ser aceptado, podría invalidar el fallo. Por eso, Ocaña opina que es importante que los jueces que vayan a ser seleccionados “no tengan un pasado político en el cual hayan sido parte de partidos políticos, porque lo que se espera es independencia judicial”.

Es que, además, la sala penal de la Corte es la última instancia de todos los procesos penales del país. Pero quizá lo más importante es que ahí se resuelven los casos de las máximas autoridades del país por el fuero de Corte que ostentan, “y en donde, lamentablemente, se juega buena parte de la política del país”, según Pablo Encalada, catedrático y exfiscal. Por ello, considera que sería importante contar con jueces capaces e independientes que puedan dar garantía de una justicia imparcial.

En el último concurso, el que impulsó la Judicatura, presidida por María del Carmen Maldonado, quien renunció en febrero de 2022, se nombraron nueve jueces, con lo que la Corte quedó con 15 jueces titulares y faltaron seis por nombrar. Según información, se nombraron dos conjueces titulares, con lo que se consiguieron siete conjueces titulares en total.

Pero, como faltaban seis jueces, seis de esos siete conjueces pasaron a reemplazar en los despachos de los jueces no designados y el otro conjuez (el séptimo) está reemplazando a Iván Saquicela como juez en la sala penal y no hay ningún conjuez titular que haga funciones de conjuez. Y como no quedaban conjueces, el Consejo nombró, de entre los jueces de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales, 11 conjueces temporales actualmente en funciones.

El abogado Cristóbal Buendía opina que hay que considerar que la sala penal de la Corte es la sala de apelaciones en los casos de fuero. Es decir, manifiesta, que son quienes conocen en segunda instancia los temas que tienen que ver, por ejemplo, con los delitos contra la administración o los casos de gran interés nacional.

De ellos en la Corte aún están en trámite el caso Sinohydro por posible cohecho, uno contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros por el caso Singue, que reabrió la Fiscalía.

Además, aún está esperando fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas por peculado en el contexto de la reconstrucción de Manabí.

Por eso, para Buendía tiene una gran relevancia el nombramiento y merecen que los mejores profesionales del Derecho en materia penal sean quienes enfrenten y decidan sobre este tipo de causas.

En trámite se encuentra el proceso por posible tráfico de influencias que fue abierto contra dos vocales de la Judicatura y un expresidente de la Corte. El expediente, según abogados del caso, se cerraría el próximo 18 de agosto, si no hay vinculaciones.