El próximo 5 de febrero de 2023 los ecuatorianos no solo elegirán a sus nuevas autoridades locales y se pronunciarán en el referéndum, sino que también deberán escoger a los siete nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para los siguientes cuatro años. Sin embargo, según expertos consultados por este Diario, dicha elección es “intrascendente” para una institución que, a su criterio, debería desaparecer de la estructura del Estado.

“No tengo ninguna expectativa (de los nuevos consejeros) porque he sido fervorosa manifestante de que no debería existir la institución”, indica Ruth Hidalgo, jurista y directora de la Corporación de Participación Ciudadana, quien además señala que los cambios de nombres no modifican “(los) defectos en el diseño del Consejo que lo hacen proclive a la captación política de sus miembros”.

Una prueba de ello, según continúa, se puede observar en candidatos que, pese a que aspiran a llegar a una entidad que en teoría es netamente ciudadana, tienen una tendencia política “clarísima”. Por ejemplo, Alembert Vera y Eduardo Franco Loor, aspirantes de la lista de hombres y exabogados de Rafael Correa y Jorge Glas, respectivamente, comparten consignas y colores con la Revolución Ciudadana y reciben el impulso a la distancia del exmandatario.

Esta “contaminación política” del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace que César Rohon, ingeniero y exasambleísta nacional, comparta la postura de Hidalgo y abogue por la desaparición de la institución creada en el 2008. “No creo en el Consejo, debe eliminarse para terminar con el botín político y la desinstitucionalización”, sostiene el exlegislador y adelanta que “votaré nulo en la papeleta”.

Asimismo, Rohon señala que el partidismo en la institución no parará hasta “avanzar a una reforma política profunda o a una nueva Constitución con los tres poderes tradicionales del Estado” que en realidad garanticen que el Consejo de Participación sea un ente ciudadano y que no esté infestado de “tanta contradicción como con la normativa vigente” que viabiliza la captación política de los consejeros de Participación.

Por otro lado, conociendo que la eliminación de la institución aún no se avizora en el panorama, Hidalgo tiene una única petición para los postulantes que lleguen al Consejo de Participación: “si realmente quieren hacer algo, deberían inaugurar la ética. Eso sería un paso hacia delante porque hasta ahora su manejo ha sido indecoroso”.