Silvia Salgado, del bloque morenista, cree que el asunto está “por encima del calendario”. La violencia ejercida contra los niños, dice, “no se puede pasar por alto”: es “un interés mayor”. Así, la presidenta de la Comisión Aampetra, constituida para investigar el abuso sexual en las escuelas, zanja el problema de fechas y plazos relacionado con el juicio político contra el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa: descartándolo.

Aampetra comparecerá hoy en Pleno -sus nueve integrantes- ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para exponer sus investigaciones. Una vez escuchado el informe, el CAL decidirá de inmediato si aprueba o rechaza el juicio político. La premura es necesaria porque el plazo expira mañana, cuando se cumpla un año de la salida de Espinosa del ministerio. Pero tanto afán ¿es suficiente?

El CAL cree que sí: que el juicio político se inicia con su visto bueno. Silvia Salgado, que presidió la Comisión de Fiscalización de la primera legislatura correísta, sabe que nunca se ha procedido de esa forma. Debe recordar las veces que corrió contra reloj para aprobar juicios políticos, pues era el informe final de su Comisión (no el previo del CAL) el que arrancaba el proceso. Cuando el juicio a Jorge Marún, hasta alquiló un avión particular y voló a Babahoyo para entregar la notificación en casa del procesado antes de que el reloj marcara la medianoche del día cero. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no ha cambiado desde entonces, pero el CAL, ahora, tiene otra forma de interpretarla.

A la proponente del juicio, Jeannine Cruz (CREO), esa interpretación obviamente le conviene pero no le convence. Percibe un afán de disolver el proceso, dilatándolo: “Esto debió resolverse el jueves -dice-. ¿Para qué tiene que llamar el CAL a la Comisión Aampetra? Esa es una atribución de la Comisión de Fiscalización. Al CAL le corresponde verificar que se cumplan los requisitos y punto”. Luego el trámite pasa a Fiscalización, donde se califica el juicio: los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son claros y parecen darle la razón.

Tal como se está cumpliendo en este caso, el procedimiento resulta, cuando menos, debatible. Y abre la puerta (de ahí la desconfianza de Cruz) para que Espinosa interponga una demanda de inconstitucionalidad. A Silvia Salgado (que también integra la Comisión de Fiscalización) le tocará entonces afinar muy bien sus argumentos sobre el “interés mayor” para defender sus intenciones que son, a todas luces, favorables al juicio: “Hay víctimas -dice- y hay que pedir cuentas a quienes debían actuar para evitarlas. Hubo clara negligencia”. Se refiere específicamente al período 2013-2016: el de Espinosa. Un sólido argumento sobre el interés superior puede resultar muy convincente en una corte constitucional.

Si el CAL, esta tarde, aprueba el juicio, abrirá un embrollo. Otro más cuya resolución dependerá menos de los esfuerzos de los interpelantes que de la manera como se muevan las fichas en el tablero que disputan correístas y morenistas.

Y una cuestión que preocupa en las bancadas de la oposición propiamente dicha: la manera como el CAL ha excedido sus atribuciones (meramente administrativas, en los papeles) durante la legislatura de José Serrano. En materia de fiscalización, hace rato que viene haciendo algo más que verificar requisitos: ahora llama a declarar a una Comisión entera. Y califica las pruebas. Fue así como detuvieron el primer intento de interpelar a Jorge Glas. A estas alturas de la legislatura, el CAL ya actúa con naturalidad como algo que no era: un brazo político.

Augusto Espinosa

“No hablaré más del tema”

El exministro no quiere que le hagan más preguntas sobre los casos de abuso sexual en las escuelas durante su gestión: más de 900. “¿No le parece un tema del que se debe hablar?”, le preguntó este Diario. “No -respondió- ya no voy a hablar de lo que pasó. Yo quiero seguir construyendo”.