En los casos de Sofía Espín y Norma Vallejo, las dos asambleístas que están siendo investigadas por sus pares y sobre quienes pesan sendos pedidos de destitución de su cargo, hay hechos que resultan incontrovertibles. Espín visitó en la cárcel a una testigo protegida del caso Balda; fue acompañada de la abogada de la contraparte y, para entrar, violó todos los protocolos de visita de los centros de detención, incluso se hizo pasar por quien no era. Vallejo exigía a sus asistentes el pago de un porcentaje de sus salarios como requisito para mantener sus puestos de trabajo. Ambas conductas violan una lista larga de disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, la sensación que prevalece en el Pleno de la Asamblea Nacional es que la posibilidad de sancionarlas resulta incierta.

Tanto Esteban Bernal como Fabricio Villamar, integrantes de la bancada de CREO que las denunciaron en el seno de la Asamblea, han insistido en que el deber del Legislativo es establecer las responsabilidades políticas de las acusadas. Las penales, especificó Villamar en su comparecencia a la comisión respectiva, las fijará la Fiscalía; las administrativas, la Contraloría. Sin embargo, es precisamente ese concepto, el de “responsabilidad política”, el que se encuentra en discusión y parece haber sido privado de todo contenido. Diez años de dominio correísta en la Asamblea han diluido ese concepto bajo un aluvión de argumentaciones jurídicas.

En la legislatura actual el caso más claro fue el del fallido juicio político contra el exvicepresidente Jorge Glas. Primero el CAL (en ese entonces presidido por José Serrano) y luego la Comisión de Fiscalización se abstuvieron de iniciar el proceso a la espera de que la justicia ordinaria se pronunciara; cuando lo hizo, ya fue demasiado tarde. Con el argumento de “no somos jueces”, los legisladores del oficialismo terminaron por vaciar de contenido su propia función fiscalizadora. El resultado es que un vicepresidente sentenciado a prisión por el delito de asociación para delinquir se quedó sin recibir sanción política de ningún tipo.

Noralma Zambrano, compañera de partido de Norma Vallejo e integrante de la comisión que la investiga, expuso de manera muy elocuente este criterio de responsabilidad política cero. “No nos corresponde -dijo en el seno de la comisión- ventilar los casos del Código Penal. Solo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El código que rige el funcionamiento del Poder Legislativo establece siete causales para la destitución de un asambleísta, entre las cuales no se encuentra la extorsión, como tampoco, por obvias razones, el asesinato o el hurto; o la presión ejercida contra un testigo protegido. Según el razonamiento de Zambrano (que es el de la mayoría de oficialistas y correístas), aunque las comisiones respectivas llegaran a determinar que Vallejo extorsionó o que Espín incurrió en fraude procesal, no habría cómo sancionarlas porque no hay una palabra en la LOFL que lo respalde.

El problema es que, más que un punto de vista, este es el criterio que prevalece e impone los términos del debate. Así, la comisión que investiga a Sofía Espín se ha entregado a intrincadas elucubraciones sobre si la prohibición de ejercer funciones incompatibles con las tareas de asambleísta (una de las siete causales de destitución) se aplica o no al caso de la correísta. Ella, en lugar de desmentir las acusaciones, se dedica a dar cátedra sobre el significado del verbo “ejercer”. Y mientras en las cortes se considera si juzgarla por fraude procesal, la posibilidad de sancionarla por “mal uso de la tarjeta electrónica”, es decir de su credencial, parece ser la posibilidad más factible en la Asamblea.

El correísmo mató el concepto de “responsabilidad política”. En los casos de Espín y Vallejo está en juego la posibilidad de resucitarlo. Y, con ello, rescatar la casi extinta función fiscalizadora de la Asamblea.

Hoy sale el informe Espín

Se viene una semana de definiciones políticas. La comisión que investiga a la correísta Sofía Espín se reúne hoy para analizar y aprobar su informe final, que debe incluir una recomendación sobre posibles sanciones y pasará al Pleno de la Asamblea para su tratamiento inmediato. Mientras tanto, el lunes continúan las comparecencias en la comisión del caso Vallejo.