Son dos expresiones aparentemente contradictorias pero conceptualmente no lo son. El regionalismo es el legítimo amor y apego a una región y a sus cosas, es una tendencia en la que se busca que el gobierno atienda especialmente al modo de ser y las aspiraciones de cada región”, así lo define el Diccionario de la Lengua Española.

El Ecuador está dividido territorial y administrativamente en provincias. Nació en 1830 con 3 regiones: Costa, Sierra y Austro, aparte de las islas Galápagos. En 1835 se volvió a la división de 8 provincias, decidida en el Congreso de Angostura de 1824, cuando todavía formaba parte de la Gran Colombia. Aspiraciones locales reclamando mayor jerarquía administrativa han incrementado el número de provincias a 24. Este breve recuerdo permite analizar el tema en un contexto histórico: el Ecuador no puede negar que posee 5 regiones: Costa, Sierra, Austro, Amazonía y las Islas Galápagos, diversas unas de otras, por factores étnicos, culturales, geográficos, climáticos, productivos.

Se ha reactivado la propuesta sobre la conveniencia de cambiar el modelo de gobierno y administración del Estado por un régimen federal, con muy buenos resultados en países que lo han adoptado. Hace pocos años 1999 - 2000, 5 provincias que representan casi el 50 % del electorado nacional se pronunciaron mediante Consulta Popular para que se establezca un régimen de autonomías provinciales similar al modelo vigente en España, que tanto la ayudó a superar su subdesarrollo. Si Esmeraldas hubiese superado su indefinición, como se lo debatió en varias asambleas, el pronunciamiento habría sido de más del 50 %. El planteamiento que hizo Manabí logró incluso que el Congreso Nacional aceptara realizar una consulta nacional de conformidad con el artículo 283 de la Constitución de aquella fecha. El presidente de la República de entonces no la convocó por razones políticas.

Un debate bien orientado de la tesis contribuiría a construir un mejor, más armónico y equitativo país. La actual Constitución favorece un régimen centralizado del poder, retrocediendo en los avances descentralizadores que tuvo la Constitución de 1998.