La ciudadanía es una condición y situación de los integrantes de una nación. Es un proceso y un producto eminentemente sociopolítico que compete a todos. Es el soporte, aporte y pivote de toda sociedad democrática. Sin ella, su participación y aprobación es imposible pensar y creer que un régimen político pueda ser legítimo.

Todas las constituciones republicanas contemplan en sus textos el reconocimiento de sus deberes y derechos. Más aún desde 1789, cuando la Revolución francesa formuló universalmente los “derechos ciudadanos”. No hay persona alguna que no los conozca y luche por sus derechos. Hoy políticos y partidos invocan y buscan el aporte de ellos.

Y se apela más a los ciudadanos precisamente cuando circulan proyectos y propuestas políticas que los buscan, pero no para potenciar su fuerza y empoderarlos, sino para “hablar y actuar a nombre de ellos”.

En la última década se ofreció y buscó legitimar un proyecto y programa que decía ser “base y sentido íntimo de ciudadanía”. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. Precisamente por esta experiencia vivida y “sufrida” por los más diversos sectores de ciudadanos es necesario replantearse la condición y situación de la ciudadanía del Ecuador actual.

Por esto, ante la discusión abierta y frente a la necesidad de una reforma política que rediseñe y reoriente la democracia y reconstituya su institucionalidad, se hace necesario preguntarse: ¿qué tipo de ciudadanía queremos? Pero también: ¿para qué sociedad y economía queremos rehacer nuevos tipos de ciudadanos?

Esto es necesario tenerlo presente a la hora de aceptar y viabilizar la consulta popular. De ahí que el problema central y de trascendental importancia en el Ecuador sociopolítico de nuestros días no es solo lo que se pregunta y para qué se pregunta.

Hay otro aspecto que está en el escenario y que tiene que ver mucho con el “reemplazo” que se ha realizado de la ciudadanía. Se ha pretendido que ella está activa y participando en las decisiones, pero lo “hace” a través de nuevas instituciones y organismos que no expresan ni representan los reales intereses, necesidades y demandas de los ciudadanos.

Si el ciudadano que va a decidir en la consulta sigue siendo manipulado y reemplazado por organismos que no lo representan (como hoy), poco valor tendrá el esfuerzo que se haga.