Pendiente es una de esas palabras polisémicas que atañen a la joyería o a la geografía pero, también a todo aquello que se ha quedado sin resolver durante un determinado período en que se esperaba se le daría solución.

Así, los pendientes del actual gobierno, cuando se acerca a la mitad de su mandato, son múltiples y casi todos heredados de la “década infame” aunque no por ello ajenos a la evaluación de su gestión.

Tratando de ordenarlos cabe empezar por los que se sospecha son crímenes de Estado: el caso Gabela, el caso Fausto Valdiviezo, para solo citar dos de los más relevantes. No cabe, en un país serio, que se asesine a un general de la República, a un periodista o cualquier ciudadano por motivaciones vinculadas al interés de ocultar hechos de corrupción y luego, desde los hilos del poder, se garantice una intolerable impunidad. No cabe que alrededor de las investigaciones cumplidas se teja una maraña rocambolesca que magnifica las sospechas pero mantiene los temas sin el esclarecimiento largamente debido.

Asimismo, y ahora existe abundante investigación al respecto, está probado en ámbito mundial que sin una educación de calidad es imposible garantizar el futuro deseado de libertad y progreso. La nuestra, lamentablemente, sigue siendo deficiente en todos sus niveles y aún con los contados establecimientos educativos que constituyen excepción, la situación no es alentadora. Mejorar la calidad de la educación debería ser la gran tarea del 2019. Igual ocurre con el sector de la salud, cuya decadencia como sistema nacional está fuera de toda duda, pese a las ingentes sumas en él invertidas. No puede ser que se haya situado más dinero para la salud pero no se logre más salud con ese dinero. Múltiples son los equívocos a rectificar, tal el caso de los hospitales cerrados, las deudas no atendidas o la negligente adquisición de medicamentos.

Otros temas que también tienen que ver con la defensa de la vida y que deben priorizarse en su atención durante en 2019, son el creciente narcotráfico, el evidente incremento del consumo de estupefacientes, y la altísima accidentalidad vial.

Obviamente, si no se logra estabilizar la situación económica, lo señalado no superará la intención. Lograrlo requiere recuperar la confianza en el sector público y metas a perseguir en común.