La vieja sabiduría popular decía que: “una raya más no le hace nada al tigre” y si bien aquello es cierto, no lo es menos la indignación, la impotencia y la indefensión que en ocasiones los seres humanos sentimos frente a las barbaridades estatales, sobre todo cuando disposiciones que implican daño se repiten y retuercen cada vez más.

Hace poquísimos días, ya cuando debería entenderse que todas las instituciones educativas particulares estaban listas para presentar su obligatoria documentación para el trámite correspondiente, se expide una nueva normativa de costos. Para comenzar, ya es triste y lamentable que cada año se cambien las reglas del juego, como si el planificar para el educador debería estar todos los años sujeto al capricho de aquel que por tener mando, dispone y cambia esas reglas cuando le place.

“Las jubilaciones patronales no se considerarán en el cálculo”, dice el art. 11 literal c), cuando esas provisiones se empujen más allá del 5 %. ¿Habrán caído en cuenta los despistados burócratas normantes que en establecimientos de muchos años de existencia y solidez profesional, una jubilación patronal puede llegar a rangos de $92.510, $ 53.569 etc.? ¿Qué se pretende? ¿Acaso que los establecimientos privados no cuenten con una plantilla sólida y estable de educadores y que por economía entren al recambio de personal, como se hizo en la educación pública con los profesores, por contratos?

En el art. 12, el Ministerio irrumpe contra la libertad de emprendimiento cuando se convierte en rector de lo que se debe o no construir en una institución educativa. ¿Acaso la intención es ahogar su desarrollo?

Pero la perla más grosera, entre otras, es la de la Disposición General Sexta, que burdamente dice que en el caso de haberse errado perjudicando con lo dispuesto al plantel, el correctivo solo podrá rectificarse a partir del siguiente año lectivo. ¿Será que se pretende, a más de violentar el debido proceso, forzar a trabajar a pérdidas a las instituciones?

Es triste que ya ni sensatez se pueda encontrar en las disposiciones, las que reniegan del sentido común.

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