Los rastros que dejó la auditoría al Decevale

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Los rastros que dejó la auditoría al Decevale

Relaciones entre funcionarios y empresas en la negociación de papel del Isspol Acuerdos para evitar los controles

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Edificio de la Bolsa de Valores de Guayaquil donde funciona el Decevale. Agencia (ag-extra)Christian Vinueza

La auditoría forense de la firma internacional Ernst & Young al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) ha sido el punto de partida para el hallazgo de vinculaciones entre miembros del mercado de valores y empresas, que intervinieron en la negociación de bonos del Estado del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

  1. Confabulación. Enlaces familiares entre funcionarios del Decevale, empleados de Superintendencia de Compañías, relaciones con Jorge Chérrez Miño con ellos para negociar y hacer “viable” la negociación de los papeles del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
  2. Relaciones familiaresOriana Durán Rumbea, hija de Oriana Rumbea Thomas, acusada de participar en la trama como exgerente comercial del Decevale, también trabajaba en esa entidad como asistente de libro de acciones; el esposo de Rumbea Thomas, Xavier Neira Salazar, también fue miembro del directorio del Decevale y presidente de la casa de valores Citadel, que negoció parte de los bonos del Estado que eran del Isspol. Él está detenido y ella con arresto domiciliario.
  3. Sin sancionesEl Decevale no tuvo autorización del Consejo Nacional de Valores para la apertura de cuentas en el exterior. La Superintendencia de Compañías nunca sancionó al Decevale durante el cometimiento de irregularidades. Luego de las anomalías denunciadas intervino a la entidad Citadel. Antes solo había multado a Valpacífico, cuando José Ibáñez denunció el hecho ante el mismo Isspol, la Superintendencia de Banco y de Compañías y otras entidades de control.
  4. Decevale-BolsaOriana Rumbea como Luis Álvarez Villamar (gerente operativo del Decevale), a más de trabajar allí fueron funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG).
  5. Depósitos. El Decevale realizó transferencias a las empresas de los hijos de Luis Álvarez: Importadora Comercial La Constanza, Productora Agrícola Dulceterra y fideicomiso Inverdomus.
  6. Estrategia. En septiembre del 2020 existen comunicaciones entre Rumbea, Álvarez, Ricardo Gallegos y Chérrez, respecto de las respuestas que debía dar Decevale por la intervención.
  7. Los bonos. Hay comunicaciones de febrero del 2019, entre Álvarez y Carlos Murillo Cabrera, exintendente del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, referente a los Bonos ECU24. La hija de Álvarez, Eumelia de los Ángeles Álvarez Alvarado, es funcionaria de la Superintendencia como especialista de control técnico de seguros y reaseguros.
  8. Isspol y valpacífico. El 21 de septiembre de 2014, Luis Álvarez, Enrique Espinosa, exfuncionarios del Isspol; Jhon Luzuriaga, Jorge Ramos, de Valpacífico; y Gonzalo Navarro hablan sobre la venta de bonos globales 2015 por un monto de 70 millones de dólares.
  9. Anticipación. En abril del 2015, en un correo enviado por Chérrez a Neira tratan sobre los Bonos del Estado por un valor de 327,3 millones de dólares. Por la coincidencia del monto, desde ese tiempo ya contaban con información privilegiada.
  10. Estrategia. Jorge Chérrez -quien canaliza inversiones del Isspol- dijo haber conversado con un banco internacional, mismo que está de acuerdo en operar con Citadel o con cualquier otra contraparte que Xavier Neira disponga, en caso de no querer “manejar las dos puntas” (lo que finalmente ocurrió en enero del año 2016 en la operación Swap). Por eso Neira le envía a Oriana Rumbea, la carta que debe firmar el Decevale sobre la opinión legal simple que requiere el banco.
  11. Lo sabía el BCE. En noviembre del 2016 a través de un email de Xavier Neira a Glenda Pérez del DCV-BCE, se habla sobre la negociación que se cerró el 8 de enero del 2016 (operación swap).
  12. Reinvill, de NeiraHay una operación de julio del 2019, por $ 32,2 millones, con fondos del Isspol donde participó Citadel, lo mismo ocurre el 20 de octubre del 2015 hay un correo que refiere que Rainvill Investments, que es una empresa panameña propiedad de la familia Neira Salazar, que participó como oferente en una operación de compra extrabursátil realizada con Citadel Bonos Globales 2024 solicitada por Isspol por $ 9,8 millones, así como en otra operación del 22 de abril del 2015 por 2,3 millones de dólares.
  13. Siguen instrucciones. El 17 de enero del 2020, Chérrez instruye a Alfredo Valverde (Isspol) para proceder con el saldo de la operación de los intereses de la operación swap del 2019.
  14. Plan de trabajo. Countryserv custodio, cuya matriz es en Brasil, sería la empresa que mantiene Bonos de Deuda Externa del Isspol, Seguros Sucre y Aseguradora del Sur; Álvarez recomendaba que se transfieran para sortear el escándalo público en lo que él denominó su Plan de Trabajo y Estratégico, ante la crisis.

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Fernando Villavicencio, asambleísta, se ha comprometido llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Isspol: hasta los responsables políticos.

¿Cree que esto fue premeditado, que se confabularon?

Todo apunta a concluir que se trata de una organización delictiva que actuó de forma deliberada al interior del Isspol; sin duda estaban involucrados el alto mando de la Policía con sus tiempos de responsabilidades y también el Ministerio de Gobierno, los funcionarios que hayan correspondido en esos tiempos por acción u omisión.

¿Hasta ahora no se llega a una parte gruesa de esta organización criminal? Solo están con procesos algunos exfuncionarios de Isspol, Decevale y Citadel, pero exministros de Gobierno, autoridades, no están en el radar de la Fiscalía.

Está por investigarse la primera línea de responsabilidad, que es la línea política, los actores intermedios que están siendo procesados son de la tercera línea, pero casi siempre la impunidad se generaliza porque no llega a los actores políticos. El mecanismo delictivo se origina en la línea política y ellos viven en la sombra de la impunidad. Y muchas veces ninguna de esas autoridades han actuado solas. El hecho de que el caso haya llegado a la superficie a visibilizarse años después de cometidos los delitos ya genera un hecho de complicidad en lo más alto del Ministerio de Gobierno e incluso con mucha más certeza en el alto mando policial.

Genera sospechas que poco antes de abandonar la Presidencia Rafael Correa firma el decreto donde garantiza, desde el Gobierno central, los fondos de Isspol si llegasen a faltar.

Es más o menos la versión de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos). Ya sabían que la banca iba a entrar en crisis por el manejo delictivo de los créditos, sabían que se iba generar una crisis financiera y se adelantaron aprobando una ley.

En 2018 José Ibáñez denunció esto, cuando era gerente de Valpacífico y la Superintendencia de Compañías tomó represalias en lugar de investigar y hubo denuncias de mal uso de papeles de renta fija de una señora a la cual también la persiguieron. Los exsuperintendentes y el actual, Víctor Anchundia, no están procesados.

Cuando estalla en la prensa es porque ya el caso no podía sostenerse con la serie de denuncias en los mandos medios al interior del Isspol; desde el 2018 sabíamos de esto y los altos mandos de la Policía lo que hicieron fue poner un manto de silencio sobre este caso. Esto era una estructura de sobornos que utilizó agentes intermediarios, delincuentes que operan para colocar recursos; son sobornos.

Hasta ahora no hay una investigación sobre Anchundia y su exintendente de mercado de Valores, Carlos Murillo.

Cuando no se toca a un funcionario es porque ese funcionario es uno de los puntos clave. ¿Quién dio la orden, quién presionó a las casas de valores para que se hagan esas operaciones? Cuando esté procesado ese funcionario, empieza a hablar y se desmorona todo.

Bolsa de Valores(33333798)

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Hasta ahora hay procesos abiertos contra exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), del Depósito Centralizado de Liquidación de Valores (Decevale), de la casa de valores Citadel, pero ninguno contra exsuperintendentes, superintendente actual y funcionarios de esa entidad.

En la emisión de los bonos los altos jerarcas del poder político lo sabían todo; hay responsabilidad compartida. Cuando uno identifica que estos ejecutivos se quedan en el olvido, son a esos a los que hay que tocar.