Todo está calculado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició ayer los trámites para convocar a la consulta popular que impulsa el presidente Rafael Correa sobre las personas que tienen recursos en paraísos fiscales y su inhabilitación para laborar en el sector público. El objetivo es que la pregunta se haga el mismo día de las elecciones presidenciales, el 19 de febrero.

Serán, entonces, cinco papeletas las que recibirá el elector ese domingo. La primera para elegir al presidente y vicepresidente de la República, la segunda para escoger a los asambleístas nacionales, la tercera para los legisladores provinciales y la cuarta para determinar a los representantes ante el Parlamento Andino.

Ese mismo sería el orden de escrutinio. Es decir, los últimos resultados que se conocerán son los de la pregunta que propuso el Gobierno.

Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Electoral, convocó a una rueda de prensa ayer en Quito para decir que el Decreto Ejecutivo 1.269, emitido horas antes, ordena la realización de la consulta. El mismo documento dispone al Ministerio de Finanzas que destine los fondos necesarios para el proceso.

Pozo no sabe cuál será ese monto. Las áreas técnicas del CNE trabajan para fijar el presupuesto, plan operativo y calendario electoral. Todo, ofreció, se aprobaría el viernes en Guayaquil, durante la sesión del pleno del organismo.

Lo único que pudo ofrecer es que será un proceso austero. Aprovechar el día de los comicios generales reduce los costos de la consulta, dijo.

Ese ahorro, sin embargo, es cuestionado por las organizaciones políticas. Los representantes del Partido Social Cristiano (PSC), por ejemplo, consideran que hacer una consulta popular el mismo día de las elecciones presidenciales permitirá que el mandatario saliente, Rafael Correa, se convierta en un actor político. Es más, él recibiría recursos del Estado para promocionar el ‘sí’.

Pozo explicó que las organizaciones que deseen impulsar el ‘sí’ y el ‘no’ contarán con fondos entregados por el CNE. Dichos fondos serían, según las estimaciones preliminares del consejo, equivalentes al 30 % del total permitido para el gasto electoral de los actores inscritos.

El funcionario aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para explicar que el martes se hic00ieron pruebas de funcionalidad al sistema de escrutinio. Esos ejercicios continuarán a lo largo del mes. El 8 de enero, anunció, se realizará el primer simulacro nacional para detectar las posibles falencias del proceso electoral del próximo año.