Confusión y quejas. A los residentes y visitantes de la avenida Samborondón aún no les convence del todo la implementación de parquímetros en la parroquia La Puntilla. Un servicio que entró en vigencia el pasado 16 de septiembre y que a la fecha causa inconformidad por la tarifa, el horario de funcionamiento establecido y la multa que se prevé cobrar -aún no hay fecha definida- por exceder el tiempo pagado.

Que los usuarios deban cancelar 0,25 centavos por cada 15 minutos de uso, lo mínimo permitido; tengan que recoger, por ejemplo, a sus niños siempre al apuro en la avenida principal de Entre Ríos, donde se encuentran sus escuelas de arte, baile y karate y se levantan en promedio 78 unidades; o más aún tengan que depositar la misma cantidad de monedas cada vez que van -no importa si es varias veces al día- a la farmacia, al banco, la panadería..., ha obligado a decenas de moradores a proponer ciertos cambios a la Empresa Pública de Movilidad (EPM), encargada de validar las multas.

“Queremos que se revisen las tarifas. Que se pague $ 0,05 por cada 10 minutos o al menos $ 0,50 por la hora en tanto este sea un servicio para la comunidad, como el Municipio en un inicio dijo que sería”. El coste es demasiado alto, incluso mayor a lo que se paga en ciertas ciudades del extranjero, asegura Elvia de Ávila, representante del grupo de vecinos -que habitan en las urbanizaciones ubicadas entre el kilómetro 1 al 10 de la arteria-, que mediante un escrito rechazó además lo dispuesto a pagar por las sanciones ($ 56,26).

“¿Se imaginan lo que sentiría un cliente que por venir a comer o arreglarse el cabello, en un descuido, por pasarse del tiempo, se gane una multa? Jamás volvería...”, agrega esta vecina.

Los moradores están proponiendo optar por un sistema puesto en marcha en la ciudad de Loja. Y que consiste en colocarle un candado movilizador al auto (a fin de que no pueda salir) hasta que el usuario llegue y se le entregue la cita, por la que deberá pagar, en este caso, un máximo de $ 10.

En Loja la sanción varía según el exceso de tiempo que estuvo estacionado el vehículo. El límite a pagar, sin embargo, no supera los $ 22.

En La Puntilla son cinco las zonas cuyos parqueaderos están regulados con tarifas fijas, son los estacionamientos de la clínica Kennedy, del centro empresarial Los Arcos, del Samborondón Bussines Center, el Banco del Pacífico de Las Terrazas y la arteria de Entre Ríos.

En total son 800 los parquímetros instalados. Todos administrados por la empresa privada Parqueo Positivo, con la que el Municipio firmó un convenio de diez años.

Si el proyecto se hubiese llevado a cabo solo con el Cabildo, como lo ha hecho Loja, lamenta la también residente Viviana Sarmiento, de Camino del Río, todo sería diferente.

“Ahí este sería un proyecto social, de regulación y control para la comunidad. Al parecer, el alcalde no se ha dado cuenta que los parquímetros están colocados, en su mayoría, en áreas comerciales, residenciales, no turísticas”, agrega Sarmiento.

Quienes acuden al lugar, como es el caso de Luis Vera, quien despacha insumos médicos y a diario cancela entre $ 1 y $ 3 por aparcar en los exteriores del edificio XIMA, atrás del Village Plaza, donde laboran sus clientes en los negocios del entorno. “Las autoridades creen que aquí se parquean únicamente quienes tienen dinero. Se equivocan, vivo con lo justo. No estoy aquí por paseo”, agrega.

Para Mauricio Avellán, comerciante y vecino, los parquímetros -pese a que ya están operando de forma oficial- necesitan ser reevaluados. “Si la gente no invirtiera en nosotros, simplemente no traería aquí sus carros. Cobrarles por comprarnos, por lo tanto, es un absurdo”. Lo ideal sería -agrega- es que tengan al menos 20 minutos de gratuidad. La comitiva, que propuso a la EPM sean 30 (minutos), además sugiere que el horario de funcionamiento del sistema sea válido solo en horario de oficina, de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

“Que lo hagan en la noche o peor aún los sábados evidencia que hay intereses propios”, dice De Ávila, quien con el fin de evitar estos inconvenientes durante los más de 2 años que se llevó a cabo el plan piloto para medir el impacto del servicio, emitió una serie de oficios al Municipio de Samborondón para abordar el tema. “Lastimosamente no fuimos escuchados”, reitera.

Janette Castillo de Flores, también parte del grupo de residentes, sugirió colocar calcomanías en los autos de quienes viven o laboran en las viviendas u oficinas ubicadas al pie de los parquímetros, a fin de identificarlos y no verse afectado por las infracciones.

“Es ilógico que tengan que pagarlas si ese ha sido siempre su espacio. Quienes viven allí deberían tener ciertos privilegios. La gente no está contenta. No vamos a parar hasta que se regule el servicio”, concreta esta vecina del sector.