El presidente catalán destituido Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno buscados por la justicia española, a raíz de la declaración de independencia, se pusieron ayer a disposición de las autoridades de Bélgica, donde se encuentran desde hace una semana.

“Teníamos contactos regulares con los abogados de las cinco personas y habíamos convenido una cita en la comisaría” de la policía federal, explicó Gilles Dejemeppe, portavoz de la fiscalía en Bruselas.

Desde allí fueron trasladados al edificio de la fiscalía. Los cinco comparecieron a lo largo de quince horas ante un juez de instrucción belga. Luego, el magistrado decretó la libertad condicional para los cinco a la espera de examinar su eventual extradición.

Cataluña, región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes y un 19 % del PIB nacional, celebró el 1 de octubre un referendo separatista prohibido por la justicia española. Con una participación de 43 %, presuntamente el sí obtuvo 90 % de los votos.

Apoyándose en ese resultado, el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia, a raíz de la cual la justicia española abrió investigaciones contra el Legislativo y el Ejecutivo regionales. Ocho de los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, que comparecieron ante la justicia en Madrid investigados por “rebelión”, “sedición” y “malversación”, fueron encarcelados.

El viernes se emitieron órdenes europeas de busca y captura contra Puigdemont y los cuatro consejeros restantes, que habían viajado a Bruselas en busca de “seguridad”.

Ayer, los manifestantes volvieron a salir a las calles de Cataluña para pedir la liberación de estos “presos políticos”.

“Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia”, había dicho Puigdemont a la televisión belga RTBF, asegurando que en Madrid no existen garantías de “tener una sentencia justa”.

Tras la decisión de ayer corresponde a otra jurisdicción pronunciarse sobre la ejecución de la orden de arresto, en los próximos 15 días.

Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin una autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y de la policía, añadió la fiscalía.