Que muchas personas conocedoras de la política y el gobierno le anticiparon que las decisiones que acaba de tomar le ponían el puesto en riesgo, ha señalado el presidente Moreno en la toma de posesión de la nueva cúpula militar.

No cabe especular respecto a cuán conocedoras son esas indeterminadas personas respecto a la política y el gobierno. Muchos en el Ecuador mantienen una opinión contraria: es la falta de decisión en tomar medidas propias de un gobierno que actúa asumiendo sus responsabilidades frente a la grave situación nacional, lo que puede generar inestabilidad.

En todo caso, pareciera que la advertencia de los “conocedores” no la ha tomado en serio el presidente. Cabe pensar que él sabe distinguir entre reales enterados del devenir político y sus riesgos, y los habituales generadores de rumores en Carondelet y sus alrededores.

Más importante para tener en cuenta es que desde una sesión reservada del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) se puedan obtener grabaciones que luego reciben, aunque aparentemente distorsionadas, una amplia difusión.

Todavía no es del todo confiable el control del funcionamiento de la actual maquinaria administrativa, que luce señales de continuar profundamente infiltrada por funcionarios que se deben al anterior régimen.

Todo ello configura una situación de riesgo que debería ser eliminada lo más pronto posible.

Una de las medidas factibles en esa dirección tiene que ver con la posibilidad de constituir, con la colaboración de las Naciones Unidas, una comisión internacional que monte un sistema destinado a combatir la impunidad. Claro que la labor que le correspondería efectuar se vería dificultada por la ausencia de colaboración que le podría brindar el actual sistema de administración de justicia, claramente comprometido, salvo las excepciones que confirman la regla, con los atropellos y manejos delincuenciales del régimen anterior.

No se trata de poner en riesgo la soberanía nacional. Sí de entender que conviene que profesionales sin los compromisos ni dependencias a las que muchos de los actores nacionales podrían estar sometidos, sean quienes realicen las investigaciones que están haciendo urgente falta, cuando son visibles múltiples denuncias sin atender, lo cual constituye otro alto riesgo para el Gobierno.