La comunidad de Sarayaku, de la nacionalidad indígena kichwa, logró otra victoria judicial contra el Estado ecuatoriano para que se cumpla plenamente la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que en 2012 reconoció que sus derechos fueron vulnerados al otorgarse una concesión de exploración petrolera en gran parte de su territorio sin consulta previa.

En una rueda de prensa desde Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza, los líderes de Sarayaku y de las principales organizaciones indígenas de Ecuador y de Suramérica celebraron el reciente fallo de la Corte Constitucional, que reconoce que el Estado ecuatoriano no ha terminado de cumplir el fallo.

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Por ello, el máximo tribunal de garantías de Ecuador dio al Estado ecuatoriano un plazo de seis meses para realizar la consulta previa con la comunidad sobre el proceso de retiro de alrededor de 1,5 toneladas de explosivos que permanecen dentro del territorio de Sarayaku y que la sentencia de la CorteIDH ordenaba su retiro.

"Son 1.400 kilos de pentolita que aún están en el territorio de Sarayaku, tanto en la superficie como en el subsuelo", recordó el presidente de la comunidad, Hernán Malaver, sobre el material explosivo dejado por la empresa que iba a hacer la exploración petrolera del Bloque 23 en este territorio indígena.

Malaver aseveró que Sarayaku siempre ha tenido las puertas abiertas para que se cumpla la sentencia en su totalidad, pero remarcó que "el Estado no ha tenido la voluntad" y que, a raíz de esta nuevo fallo, deberá pedir disculpas públicas a la comunidad por incumplir el dictamen de la CorteIDH.

La Corte Constitucional de Ecuador también conminó a la Asamblea Nacional (Parlamento) a sistematizar y consolidar los proyectos de ley relacionados a la consulta previa en los próximos seis meses, asegurando una revisión exhaustiva de los contenidos de cada proyecto.

También en el plazo de medio año el Estado ecuatoriano deberá llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre las causas y personas responsables del incumplimiento de la sentencia de la CorteIDH, a fin de que se tomen las medidas pertinentes.

"La Corte Constitucional nos ha vuelto a dar la razón y ha determinado que el Estado ecuatoriano ha incumplido los compromisos internacionales", señaló el abogado de la Fundación Pachamama Mario Melo.

"Han pasado 12 años y el Estado ha sido incapaz de cumplir con las órdenes del más alto tribunal de justicia internacional", lamentó el letrado.

Melo recordó que "este es un caso muy importante para Ecuador porque ha marcado precedente a nivel continental y ha puesto a Ecuador a la vanguardia de la defensa de los derechos indígenas".

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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), José Esach, advirtió que el resto de pueblos originarios de Ecuador están pendientes y vigilantes del cumplimiento de este nuevo fallo de la Corte Constitucional.

"En Sarayaku tuvieron esta valentía y decisión histórica de exigir al Estado que cumpla cuando ha habido vulneración de derechos humanos", destacó Esach.

El mismo respaldo mostraron las delegadas presentes de las nacionalidades indígenas kichwa y waorani, y el representante de la Confederación de Organización Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que agrupa a los pueblos amazónicos indígenas de nueve países de Suramérica.

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