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Aprehensión. El edificio de Flagrancia de Quito permaneció por varias horas con resguardo militar y policial.René Fraga

La protesta sube a levantamiento al detener a Iza

La detención del dirigente agravó la protesta. El titular de la Conaie fue llevado a Latacunga, donde miles de indígenas causaron desmanes

La violencia se tomó las calles de Latacunga, en Cotopaxi, ayer pasado el mediodía. Cientos de indígenas fueron a rodear el Complejo Judicial y la Gobernación de esa ciudad, a donde había sido trasladado Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

El dirigente fue detenido la madrugada de ayer por la comisión de supuestos delitos flagrantes, entre los que se citaron posible asociación ilícita, sabotaje, instigación, paralización de servicios públicos, apología del delito y rebelión.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a cientos de indígenas, campesinos y comuneros de la provincia movilizándose en camiones, camionetas, buses, motos y a pie.

Algunos de estos últimos comuneros siguieron con palos y piedras a los pocos policías que se encontraban presentes en el sector. Uno de ellos cayó y fue agredido por una veintena de indígenas que acudieron a pedir la liberación del dirigente indígena. El uniformado debió ser atendido en una casa de salud por roturas en su cabeza.

Fue la consecuencia de la aprehensión de Iza, de la que la Fiscalía se desmarcó anunciando en un comunicado que se enteró por redes sociales.

Cerca de las 10:00, ese organismo informó que Iza no estaba a sus órdenes ni había recibido el parte policial de su aprehensión. En un segundo comunicado, en cambio, dio a conocer que, pocos minutos antes, había recibido el parte levantado en la madrugada.

Destacó también que la Fiscalía emitió directrices a los fiscales provinciales para que coordinen procedimiento y acciones con las autoridades para evitar detenciones ilegales y arbitrarias.

Se informó de la retención de un agente fiscal en Cotopaxi por integrantes de la comunidad de Jatarishun, Saquisilí, cuando iba a cumplir sus labores en Latacunga. El funcionario fue liberado, posteriormente, luego de entablar diálogos con la comunidad.

Ayer, durante varias horas se generaron dudas sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión del dirigente. Se acentuaron más con el comunicado de la Fiscalía, que fue utilizado por varios dirigentes indígenas para hablar de arbitraria e ilegal detención. Cerca del mediodía, la Policía despejó varias dudas a través de un comunicado en el que citó que la Constitución y la ley le daban 24 horas para elaborar el parte.

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Pero aclaró que el uniformado que estuvo a cargo del operativo elaboró el documento y lo entregó a primera hora en la Fiscalía. En el parte se justificó la detención atribuyendo al dirigente que sus acciones han afectado al orden público, originando “un trastorno económico al país y se ha generado destrucción de bienes públicos, paralización de la normal prestación de los servicios públicos, interrumpiendo y obstaculizando incluso la labor de los equipos de emergencia”. Hablaron de hechos que fueron constatados como flagrantes al momento de la aprehensión y que podrían derivar en la comisión de varios tipos penales.

Sobre el traslado de Iza a la Unidad de Flagrancia en Quito se mencionó que con el único fin de precautelar la integridad física del aprehendido y en razón de los cierres de las vías existentes en la vía E35, este fue trasladado a Quito para verificar su estado de salud, respetando en todo momento los derechos que la Constitución le asiste.

Se añade en el parte que, una vez obtenido el certificado de salud, fue puesto a órdenes de las autoridades, no sin antes haberle leído sus derechos en español y quichua.

La Policía dijo que espera que la Fiscalía y la justicia actúen con todo el rigor de la ley. Defendió el procedimiento que fue “efectuado con total legalidad”. Antes del mediodía, Iza, quien se encontraba en la Unidad de Flagrancia de Quito, fue llevado hasta el aeropuerto de Latacunga en un helicóptero militar.

Circularon imágenes y fotografías del arribo a esa terminal aérea con custodia policial. Sin embargo, su paradero era desconocido. Sus defensores presentaron un recurso de habeas corpus que recayó en la Unidad de Violencia de Latacunga, a cargo del juez Rómulo Núñez.

Hasta el cierre de la edición no se fijó fecha de la audiencia de habeas corpus ni la de flagrancia. Circularon voces que hablaban de su liberación, que tampoco se pudo confirmar oficialmente.