El procurador Íñigo Salvador aún no ha sido notificado con el pedido de juicio político que la bancada de Unión por la Esperanza (Unes) oficializó en su contra por posible incumplimiento de funciones.

El lunes 4 de octubre de 2021 los 46 asambleístas correístas presentaron su pedido de interpelación contra el abogado del Estado. Salvador dijo que no le sorprende el planteamiento que hizo la bancada de Unes. 

Recordó que cuando fue designado en julio de 2018 "sabía que si me apegaba a la ley habría gente que esté contenta y otra descontenta de mis actos". Habló de la acusación particular en el caso Sobornos en el que el líder del correísmo fue uno de los sentenciados por cohecho agravado, el cumplimiento de la sentencia de la Corte que disponía la colocación de la placa con los nombres de los sentenciados por cohecho en la pared lateral del Palacio de Carondelet.

A eso sumó la presentación de un proyecto de ley de Repetición para que quienes causaron que el Estado pague indemnizaciones ordenadas en sentencias internacionales devuelvan esos dineros al Estado.

"En cumplimiento con esas obligaciones he molestado a algunos y ese es este caso. Aquí no se trata de incumplimiento de funciones simplemente se trata del caso de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago", recalcó.

Aunque aseguró que no conoce los detalles de la solicitud de juicio político indicó que de lo poco que se ha enterado ninguna de las infracciones que alegan los legisladores correístas tiene asidero, "son cuando no abiertas mentiras, interpretaciones antojadizas, sesgadas interpretaciones y tendenciosas de hechos que no son como están narrados por estos asambleístas", recalcó.

Salvador anunció que acudirá a todas las instancias parlamentarias, se defenderá, refutará y dejará sin sustentos esas acusaciones. Él entiendo una de las acusaciones es por el oficio del 1 de julio pasado, reservado y obtenido ilícitamente, una filtración, en el que advierte al presidente Guillermo Lasso que se ha perdido el caso Perenco, no hay ningún recurso posible y hay que coordinar con las autoridades del Estado para el cumplimiento de la obligación internacional.

"Me sorprende que la bancada de Unes quiera mi juicio político por haber hecho exactamente lo mismo que hizo el exprocurador Diego García en épocas de Rafael Correa cuando él perdió los casos Burllington y Murphy que son los dos hermanos gemelos del caso Perenco", les recordó.

Y añadió que en el gobierno de Correa pagaron sin chistar laudos similares al de Perenco, por la misma causa y fueron en total 363 millones. Para que los ciudadanos se informen la forma en la que se dieron esos dos laudos, la Procuraduría ha habilitado un micrositio en su página web y seguir las actuaciones del exprocurador Diego García. 

Adicionalmente informó que el arbitraje de Perenco inició en abril de 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, como consecuencia del Decreto 662, mediante el cual se modificaron los términos de los contratos de participación para que el pago de los excedentes petroleros aumenten. Por esos cambios el tribunal arbitral consideró como acto confiscatorio lo actuado en el caso Perenco, finalizó. El legislador Ferdinan Álvarez de Unes acusó a Salvador de que “ha fallado a los ecuatorianos y a la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado”.