La reserva del expediente abierto en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas y otros, no pudo con la polémica que desató la decisión judicial.

El levantamiento del sigilo tomó 19 días. Lo resolvió el juez Geovanny Freire, quien dejó sin efecto la disposición de su colega Patricio Baño el 19 de junio.

“Es evidente que es un caso de interés político, debido a que se trata de un familiar del vicepresidente”, es la conclusión del abogado y catedrático universitario Cristóbal Buendía al referirse a la demora en la resolución judicial.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, cree que mantener el sigilo “era una vergüenza” y lo correcto fue levantar la reserva.

Sobre lo resuelto por el juez, García espera que “se haya debido a la decisión de un juez y no de un buró político, en todo caso vemos que todavía la política de Gobierno juega un rol muy importante en la administración de justicia”, destaca.

Para García, resulta claro que “la justicia toma medidas tendientes a favorecer o a evitar que se conozcan los temas de corrupción gubernamental”.

Difiere con esos criterios el exfiscal y catedrático Pablo Encalada. Lo resuelto por el juez Baño fue un error insostenible y el nuevo juez necesariamente debía hacerlo, dice.

El propio Consejo de la Judicatura abrió un sumario al juez Baño con el objeto de determinar si en su decisión hubo error inexcusable. El trámite continúa.

Las críticas a la resolución del juez Patricio Baño vinieron también de los abogados de los procesados. Ivonne Núñez, defensora de Rivera, impugnó la decisión que concluyó con el levantamiento del sigilo.

Ahora la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita que investiga la supuesta entrega de 13 millones de dólares en coimas por parte de Odebrecht al tío del vicepresidente será abierta.

Con ello, información considerada delicada estará al alcance de terceros: periodistas, abogados, estudiantes de Derecho y otros, señala Núñez. Una de ellas es la que contiene el memory flash que recibió el fiscal Carlos Baca Mancheno del colaborador 1 de Odebrecht.

Durante el sigilo se expuso su contenido a seis procesados. Sus abogados tuvieron prohibición de divulgar la información.

La pericia de reconocimiento de las voces que figuran en el dispositivo será incorporada a las 25.000 hojas que contiene el expediente. En la Asamblea los legisladores esperan la memoria que el fiscal Baca ofreció entregar en tres semanas. Patricio Donoso, de CREO, cree que hay que ser respetuosos con los tiempos.

Mientras tanto, la recepción de versiones y diligencias sigue. La fiscal Salazar pidió la vinculación de Ramiro Carrillo y Diego Cabrera al expediente que investiga a Rivera y otros.

Calvopiña no dio su versión

Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador (detenido en el CDP), no llegó a dar su versión en el caso de asociación ilícita que se sigue en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, y otros.

El exfuncionario, llamado a juicio por supuesta delincuencia organizada en el caso Petroecuador, fue citado por la fiscal Diana Salazar.

Nicolás Salas, uno de los abogados de Calvopiña, espera que la nueva citación sea lo más pronto posible.

El exgerente de la estatal debía explicar lo relacionado con el contrato del poliducto de Pascuales. Según Salas, su única participación fue como gerente, pero no tuvo capacidad de decisión. Añadió que quien suscribe el contrato es Ramiro Carrillo, pero por delegación del directorio, no de Calvopiña.