Desde hace cinco años, los problemas que ocurren en las instituciones educativas públicas del país son un misterio.

Los casos de déficit de maestros, de conserjes o guardianía; de daños en la infraestructura o falta de material didáctico; de consumo y microtráfico de drogas; o de problemas en la entrega de libros, uniformes y colación, se manejan a puerta cerrada. Y cuando algunos, por su magnitud (violencia y abuso sexual), han trascendido por denuncias de los padres de familia, estos piden el anonimato para evitar represalias.

Este silencio está dispuesto en el acuerdo 0455-12, emitido en 2012 por la entonces ministra de Educación, Gloria Vidal, quien expidió un ‘Código de Ética’ que prohíbe a los funcionarios (maestros, rectores, personal administrativo) difundir temas relacionados con el sistema educativo o el Ministerio.

Los artículos 30 y 31, en el capítulo denominado ‘Relación con los medios de comunicación’, establecen que las declaraciones o entrevistas a la prensa escrita, radial y televisiva, relacionadas con el Ministerio de Educación, serán otorgadas únicamente por las autoridades de esta cartera de Estado. Y deja claro que “en caso de que algún funcionario sea requerido para otorgar una entrevista en función de la información del Ministerio o de sus actividades, deberá tener autorización expresa de la máxima autoridad”.

Desde entonces ningún medio de comunicación puede ingresar a un plantel fiscal para conocer lo que allí pasa, a no ser que ‘a las máximas autoridades’ les interese divulgarla.

Alonso López, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), considera que este Código de Ética, llamado por muchos maestros como ‘código del silencio’ o ‘código mordaza’, fue parte de una estructura para que muchos docentes callen ante los problemas que tienen los planteles educativos.

Y creó un ambiente para que casos de delitos o infracciones quedaran en la impunidad.

Un profesor fiscal, que pidió el anonimato, cuenta que hace seis años se le intentó seguir un sumario administrativo por denunciar que las galletas que se entregan a los niños como parte del programa Desayuno Escolar estaban caducadas. “Me trasladaron a otra institución con la advertencia de ser sancionado si seguía contraviniendo el Código de Ética”.

Una situación similar dice vivir Pedro Delgado, profesor con 15 años en el magisterio fiscal, a quien lo han trasladado de un colegio a otro por las denuncias que ha hecho sobre la falta de maestros o los abusos cometidos por profesores “afines a las autoridades”.

El miércoles pasado, un grupo de educadores acudió a la Fiscalía del Guayas para denunciar 36 supuestos casos de abusos físicos y sexuales cometidos por docentes en 14 colegios de esta jurisdicción.

Casos de este tipo siguen saliendo a la luz, luego de que un grupo de padres de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, denunciara que sus hijos fueron abusados sexualmente por cuatro profesores. Tres de ellos están detenidos y el otro huyó durante un allanamiento policial.

Marcelo M., un padre de familia, dice que él y su hija sufrieron retaliaciones por cuestionar a la rectora de un plantel. “Abrir las puertas de los colegios”, es lo que piden los padres, “para que se pueda conocer lo que allí sucede”, dice.

Mientras, hay maestros que plantean la derogatoria de los artículos 30 y 31 del Código de Ética para que la prensa pueda indagar (como antes lo hacía) todos los problemas que se presenten en los establecimientos.

Educación no explica sobre las pruebas

A pesar del ofrecimiento hecho en la víspera, ante una consulta efectuada por este Diario, el Ministerio de Educación no explicó ayer cómo tomará las pruebas psicométricas a todo el personal de los establecimientos educativos del país en el plazo de 45 días que señaló el ministro Fander Falconí. Aún no se conocen detalles sobre quién tomará el examen o su duración, pero el ministro anticipó que quienes no aprueben serán destituidos.

Una nueva denuncia en una escuela

El pasado miércoles, la policía del cantón Sozoranga (Loja) detuvo en Cariamanga a un docente de la escuela Zoilo Rodríguez, sospechoso de un abuso sexual a una menor de ocho años.

Según la denuncia, puesta por la madre de la víctima el pasado 9 de octubre, el profesor le tocaba las partes íntimas a la menor.

A la fecha, el presunto abusador está en prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.

Otro caso de abuso en Pichincha

Este es el tercer caso que se hace público en Pichincha desde el pasado 16 de octubre. Esta vez, la violencia sexual llegó al cantón Mejía, al sur de la provincia, donde una menor de 5 años le comunicó a su madre haber sido violada por su docente. Ayer el sospechoso, de 60 años y detenido en la institución educativa donde laboraba, fue llevado al comando Sangolquí, en Rumiñahui, para las respectivas investigaciones.

La audiencia a las víctimas fue suspendida

Las declaraciones de los menores que fueron víctimas de abuso sexual al interior del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, y que ayer iban a ser rendidas a las autoridades utilizando la cámara Gesell (un procedimiento habitual en este tipo de casos con infantes), fueron suspendidas hasta segundo aviso.

Según lo previsto, cuatro de los menores que habrían sido violados por profesores de la entidad iban a dar sus testimonios a la Fiscalía. Sin embargo, solo acudieron dos. “Algunos de los padres tuvieron calamidades domésticas, no pudieron traer a las criaturas. Entonces decidimos suspenderla a fin de evitar que tengan luego que venir de nuevo a relatar el hecho y así que sean revictimizados”, aseguró Hernán Ulloa, abogado defensor de los padres de los niños abusados.

Si bien a la fecha se han realizado entrevistas y análisis previos a los infantes, dijo Ulloa, para la ley el testimonio anticipado (acción que realizarían ayer) viene a ser como una comparecencia al tribunal. “Con esta diligencia, al momento que el caso sea llevado a una audiencia de juicio, no va a ser necesaria la asistencia del infante porque ya tenemos su testimonio, que viene a suplir su presencia en el tribunal”.

En esta diligencia, cuyo desarrollo se prevé en un tiempo máximo de dos semanas, un equipo de psicólogos mediante técnicas especializadas (entre ellas, juegos) debió obtener la información de manera directa de las preguntas efectuadas por el fiscal César Peña y los abogados de ambas partes.

A través de la cámara, conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral (se puede ver de un solo lado), y que cuenta con equipos de audio y vídeo para observar la conducta de los niños sin perturbarlos, se busca que los pequeños traten de recordar lo sucedido y aporten a la investigación, sin que eso les provoque efectos negativos.

El proceso incluiría fotografías de los abusadores que los alumnos tendrían que reconocer. Ayer, pese a cancelarse la diligencia, los chicos fueron valorados psicológicamente.

Al momento se han registrado 10 denuncias de este caso en la Fiscalía del Guayas.