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Presidentes gremiales critican la marcha convocada por Noboa en GuayaquilCortesía

Gremios y organizaciones sociales critican marcha de Noboa en Guayaquil: ¿Qué dicen?

La UGTE y el FUT cuestionan la convocatoria y la participación "obligada" de funcionarios en la marcha del Ejecutivo

El presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE), José Villavicencio, criticó la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa para este jueves 11 de septiembre en Guayaquil. Según Villavicencio, la movilización es “al puro estilo de la vieja política” y se realiza bajo el pretexto de la seguridad de los ciudadanos.

Villavicencio aseguró que esta acción demuestra “una vez más que hay un gobierno incapaz que busca confundir a los ecuatorianos”. Además, señaló que la marcha se produce en vísperas de recibir a delegados de Estados Unidos, lo que según él evidencia un alineamiento con políticas neoliberales y monetaristas.

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Nelson Erazo, presidente de Unidad Popular, también se pronunció sobre la convocatoria. “Todo gobierno autoritario, prepotente, los aprendices de dictadores han tratado de utilizar al pueblo ecuatoriano para imponer sus políticas antipopulares”, expresó. Para Erazo, la contramarcha evidencia una pérdida de credibilidad del Gobierno.

El dirigente destacó que la popularidad del presidente Noboa ha disminuido notablemente en las últimas semanas, pasando de cerca del 60% a un rango de entre 44% y 46%. “Eso no quiere decir que esté en peligro su presidencia, pero sí que los sectores sociales reaccionan ante políticas que afectan al pueblo”, indicó.

Opiniones sobre la participación obligatoria de funcionarios

Villavicencio criticó que el Gobierno presione a funcionarios públicos a participar en la marcha y a pagar por alimentos durante la movilización. “Eso refleja la diferencia entre una movilización consciente de los trabajadores y una acción que obliga a la ciudadanía a respaldar políticas que no comprende”, afirmó.

Erazo comparó la marcha de Guayaquil con la realizada en Quito hacia la Corte Constitucional. Señaló que en ambas ocasiones se usó gente pagada y se obligó a funcionarios a participar sin conocimiento pleno de lo que respaldaban. Esto, según él, refuerza la percepción de un gobierno que busca aparentar respaldo social.

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