Un presidente atrincherado

El Gobierno de Nicolás Maduro es un cuartel, con la designación de Vladimir Padrino López, general en jefe de las Fuerzas Armadas, como ‘superministro’, una opaca figura legal con la que el presidente venezolano se vale de un decreto que le concede poderes por sobre la Constitución y la Asamblea Nacional para llevar a la mayor figura militar hasta un rol de poder que controlará la distribución de alimentos, la economía y la seguridad nacional.

“Comando presidencial” ha sido el término escogido por Maduro para referirse a la nueva cúpula del poder que ahora comparte con Padrino. La oposición, sin eufemismos, lo acusa de haber “formado un Gobierno militar”, como consta en el pronunciamiento de la opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Presionado por el descalabro fronterizo que llevó a miles de venezolanos a lanzarse hacia Colombia en busca de comida, la postal de un país hambriento, Maduro ha optado por incrementar la presencia militar en la política: hoy 10 de sus 30 ministerios están ocupados por uniformados.

No estaba en sus planes. El legislador opositor Daniel Dávila, consultado por EXPRESO, describe la medida como “una aberración jurídica y democrática” propia de un Gobierno “acorralado” por la crisis, el pedido de revocatorio y la presión dentro del propio oficialismo y las Fuerzas Armadas.

Esta lectura bien podría compaginar con la marcha atrás de Maduro respecto a la presencia militar en el alto mando político y económico de Venezuela. Siete meses atrás, cuando la oposición se hizo con el Parlamento, el sucesor de Hugo Chávez ordenó limpiar de militares a la administración pública.

Pero la orden fue ignorada. Incluso por el propio Maduro que, lejos de desterrar a la Fuerza Armada a los cuarteles, les entregó la administración del servicio de rentas, el control de puertos y aeropuertos, la producción y distribución del petróleo y una zona minera para explotación al sur de Venezuela.

Hoy, además, cuentan con la distribución de alimentos en la denominada “guerra económica” con la que el chavismo justifica la escasez y que, a juicio de Maduro, el país es capaz de suplir si se controlan los “malvados” mecanismos y redes opositoras para boicotear a su régimen y promover un golpe de Estado.

La oposición ha restado importancia al gesto de la militarización, concentrando todos los esfuerzos políticos en la presión por el referendo revocatorio. Aunque el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, denomina a la movida chavista como “un pésimo mensaje”; el líder opositor Henrique Capriles la califica como “el último capítulo del saqueo”; y la esposa del célebre Leopoldo López, Lilian Tintori, se refiere al cambio como “un descaro”; la gira por las firmas para destituir a Maduro sigue siendo la prioridad.

Después de todo, quedan seis meses para que la oposición pueda aspirar a consolidar un cambio democrático. Luego de enero, el chavismo podrá mantenerse hasta 2019, aun si perdiera el revocatorio.