La Fiscalía busca a los mentalizadores de los actos violentos que se produjeron durante la protesta indígena que paralizó el país por más de 11 días y dejó destrozos, daños materiales, cientos de heridos, detenidos, pérdidas económicas, saqueos, retenciones y vandalismo.

En Quito ya hay indicios. Ellos apuntan a seguidores del expresidente prófugo Rafael Correa. La madrugada de este lunes hubo tres de las cinco detenciones autorizadas por la autoridad judicial.

Hubo siete allanamientos a los domicilios y oficinas de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el exasambleísta correísta Virgilio Hernández, la asambleísta Gabriela Rivadeneira y dos asesores.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Judicial con apoyo de sus unidades especiales y en coordinación con la Fiscalía y equipos tácticos de la Policía y Criminalística.

La acción se denominó ‘Soberanía’. En ella fueron aprehendidos Pabón, su asesor Christian González y Pablo del Hierro, asesor de Hernández. Pero ellos han sido los últimos de más de 1.000 detenidos que dejaron las protestas.

Entre las evidencias encontradas por los agentes se encuentran computadoras, celulares, bombas molotov y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de Quito para la formulación de cargos por la sospecha de haber incurrido en el delito de supuesta rebelión.

Hasta las instalaciones de la Unidad de Flagrancia llegaron simpatizantes a exigir la libertad de Pabón. Proclamaron su inocencia y acusaron al Gobierno del presidente Lenín Moreno de supuesta persecución política. Entre los que acudieron estuvo el asambleísta Franklin Samaniego, quien defendió la inocencia de la prefecta.

Como ya ocurrió durante las protestas de los últimos días, hubo insultos a los periodistas. “Prensa corrupta” y “prensa vendida”, se escuchó.

Mientras tanto, la Policía continuaba buscando a Hernández y hasta el cierre de la Edición no pudo ser localizado. Su coidearia Gabriela Rivadeneira ya había tomado provisiones ante los rumores de un pedido de detención. Pidió el amparo de México.

En su cuenta de Twitter señaló que tuvo que recurrir a la protección internacional porque había sufrido seguimiento extrajudicial en los últimos días con agentes de la DGI, carros de policías, militares y civiles que se apostaban afuera de su domicilio, su despacho y sus espacios de militancia.

Esa decisión la concretó dos días antes de que concluya la protesta. “Las diferencias políticas deben tramitarse con argumentos y con altura, jamás con amenazas, mucho menos en contra de los hijos, ni a los míos ni a los de nadie”, dijo.

Hasta ayer, la Fiscalía registraba 309 procesados por las manifestaciones. La mayoría se registró en Pichincha y Guayas con 67 y 114 casos, respectivamente. Hubo expedientes en otras 14 provincias. En Los Ríos, Cañar, Azuay, Manabí y Morona Santiago son 81 casos.

Las medidas que recibieron los sospechosos fueron prisión preventiva, presentación periódica, prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes. Los presuntos delitos son paralización de servicios públicos, daño al bien ajeno, ataque o resistencia, robo, porte de armas, asociación ilícita, violación a la propiedad, entre otras.

Además, porque las afectaciones no solo llegaron a militares, policías y civiles. También a bienes públicos. El edificio de la Contraloría quedó completamente destruido por un incendio provocado por manifestantes violentos que ingresaron y destrozaron todo a su paso. Al menos 13 están presos, seis menores fueron internados y 14 tienen medidas sustitutivas.

En su séptimo informe ejecutivo, la Defensoría del Pueblo del Ecuador publicó una lista de las personas que fueron detenidas entre el 3 al 13 de octubre, durante el paro y el estado de excepción que fue decretado en el país.

Según el documento, durante ese tiempo se registró un total de 1.192 personas detenidas, de las cuales el 96 % corresponde a hombres y el 4 % a mujeres. El mayor número de detenidos se registra en Pichincha con 532, seguida de Guayas con 310, Tungurahua 59.

Mientras que en Azuay 55, Imbabura 45, Sucumbíos 41, Cañar 20, Esmeraldas 18, Loja 17, Chimborazo 17, Morona Santiago 15, Orellana 14, Santa Elena 12, Los Ríos 10, El Oro 9, Manabí 8, Pastaza 8 y 2 en Cotopaxi.

En Guayas aumentarían tres más que fueron apresados el sábado, pero salieron en libertad; y otras dos mujeres el domingo, en el cantón Durán, entre ellas la exalcaldesa Alexandra Arce.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), detalla que la mayoría de detenidos en Guayas se registraron los primeros dos días del paro, en Guayaquil, seguido de Durán. “Luego bajó considerablemente, unos veinte diarios, pero los días 8 y 9 hubo un pico por las protestas que se dieron, sobre todo en el centro de la ciudad”.

El activista señala que algunas de esas detenciones fueron ilegales y arbitrarias. “Hay reportes. Hoy (ayer) hemos registrado el testimonio de dos jóvenes que fueron detenidos en Guayaquil y Durán... uno de ellos fue agredido el 9 en presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo, tiene la fractura de un brazo. También el caso de un estudiante de la Universidad de las Artes que fue detenido por llevar un cartel”, con la imagen del cacique Tumbalá que lleva en sus manos la cabeza del presidente Lenín Moreno.