Editorial | Decadencia en el servicio público
Sobre varias personas que integran algunas de las principales instituciones del Estado pesan graves acusaciones de corrupción
Uno de los síntomas más visibles de la degradación moral y ética de los actores políticos del país, estén éstos en el gobierno o en la oposición, es que a ninguno parece importarle genuinamente su reputación y su honra. Salvo cuando se trata de juicios y demandas cuyo fin es conseguir el blindaje de los escándalos muy grandes, estos actores guardan silencio ante las más graves acusaciones y denuncias.
Hasta hace tan solo quince o veinte años, cuando un legislador o un funcionario era sujeto del escrutinio público por deficiencia en el ejercicio del cargo, inmediatamente salía a defenderse ante la opinión pública. Fue célebre por ello el alcalde socialcristiano de Guayaquil de la última década del siglo pasado, quien convocaba a los medios de comunicación para defender su gestión municipal cada vez que surgían críticas por alguna obra pública o cuando los ciudadanos expresaban su descontento ante el desempeño de los funcionarios del cabildo que él lideraba.
Hoy, sobre varias personas que encabezan o integran algunas de las principales instituciones del Estado pesan graves acusaciones de corrupción. Pero ellas simplemente guardan silencio cuando se les pide que rindan cuentas, o bien ignoran la presión de la sociedad civil para que dimitan, aferrándose al cargo, aunque no puedan probar a cabalidad su inocencia, y sin que aparentemente ello los incomode.