La figura legal que se usó fue un convenio de cooperación interinstitucional. La justificación, combatir la violencia contra la mujer con talleres para 1.000 funcionarios públicos sobre masculinidades y derechos humanos.

Con estos argumentos, el 22 de octubre de 2021, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, firmó el acta con la que autorizó la entrega de $ 31.520 a favor de la Fundación Vida Plena.

Esta organización no gubernamental y sin fines de lucro inició sus actividades apenas dos meses antes, el 23 de agosto de 2021, según el Servicio Rentas Internas (SRI). Su creación fue el 20 de mayo del mismo año.

Ante el SRI se explica que su razón de ser es la realización de “actividades de bienestar social y orientación para niños y adolescentes; adopción y actividades para prevenir la crueldad contra los niños”.

Su representante legal es Verónica Silva Alcócer, quien trabajó para la Prefectura de Pichincha. Su ingreso fue el 4 de marzo de 2020, según su declaración juramentada presentada en la Contraloría General.

Lorena Herrera, directora de Gestión de Igualdad de Género de la Prefectura, negó que Silva haya sido funcionaria en esta administración. “Ella nunca ha trabajado en la Prefectura... Le confirmo que eso no es así, nosotras conocemos a nuestras compañeras feministas”, subrayó. Pero en el documento de su ingreso se indica que Silva ocupó el cargo de técnico.

Al ser consultada sobre la experiencia previa de la Fundación, la directora de Género dijo que tiene una “larga trayectoria”. Por ejemplo, en 2020, Silva participó en la elaboración de la Agenda por la Igualdad de Género de la provincia.

Silva, por su parte, aseguró que por esa asesoría en 2020 no recibió una remuneración. Negó que haya trabajado para la Prefectura. “Le puedo hacer llegar un certificado de la Prefectura en el que se indique que nunca he sido funcionaria en ningún período”. Hasta esta publicación no llegó el documento. -¿Si dice que no ha trabajado allí por qué existe esa declaración juramentada con sus datos? “No he trabajado para el gobierno de Pichincha”, afirmó sin dar más detalles.

El viernes 11 de febrero, EXPRESO acudió a la dirección en donde está registrada la Fundación, en Calderón, en Quito.

No se encontraron las instalaciones de una fundación. Lo que existe es una casa en donde viven familiares de Silva. En su portón principal no hay letreros que adviertan la presencia de alguna organización.

Ese mismo 11 de febrero, en una llamada telefónica, Silva dijo que por la pandemia las actividades se realizan de forma virtual. No quiso indicar dónde funcionaba la sede, pero ante la insistencia dijo que en la misma calle.

El sábado 19 de febrero, tras varios intentos, se concretó la entrevista. ¿Por qué la Prefectura le da dinero a una fundación nueva? Silva señaló que tiene más de 15 años de experiencia. Pero según la Contraloría, ella trabajó dos años para el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, de 2018 a 2020. En 2017 fue analista en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En 2016 estuvo como analista en el Ministerio de Defensa con Ricardo Patiño. De 2014 a 2016 fue funcionaria en la Cancillería, el Consejo Nacional Electoral y el Servicio de Contratación Pública.

La Dirección de Igualdad de Género, creada en 2019, justificó la necesidad de entregar recursos públicos porque hay “patrones socioculturales sexistas y violentos contra las mujeres y contra otros hombres que no cumplen con el paradigma de masculinidad dominante”.

Por los $ 31.520, la Fundación Vida Plena se compromete a realizar una serie de actividades, como la adaptación de la campaña ‘Hazle un gol al machismo’, desarrollada por otra organización de Costa Rica. También debe entregar material didáctico, impartir charlas mediante cursos virtuales y contar con 60 facilitadores.