Hace unas semanas se tocó ya en la Asamblea Nacional por denuncia de algún legislador novato en el intríngulis de la política partidista, una extendida práctica respecto de los emolumentos que perciben los asambleístas, que parece centrarse sobre todo en la alícuota que del sueldo de sus asesores les recortan mensualmente como forzado aporte personal para los gastos del respectivo partido o movimiento político que representan. Así lo han afirmado hace tiempo los legisladores de Pachakutik y ahora la actual vicepresidenta de la República (en reemplazo de Jorge Glas), María Alejandra Vicuña, exasambleísta por Alianza PAIS en 2009 y 2013 y exministra de Desarrollo Urbano y Vivienda en el actual régimen. María Alejandra Vicuña ha calificado la denuncia presentada por un exasesor, Ángel Sagbay, como un chantaje porque habiendo sido este un activo militante de Alianza PAIS no se atendía su pretensión, según parece, de que se lo nombre director del IESS o gobernador de la provincia de Zamora. Película repetida, pero no por eso menos real. Nadie trabaja por nada en política, con muy escasas excepciones. Además que la necesidad obliga y puede llevar a la desesperación que rebasa fácilmente los límites. Pero que por un asunto así, no por doloroso y real menos trivial, se trate de llevar a juicio político a la segunda más alta dignidad en el ámbito de los funcionarios públicos -aunque en el caso de la vicepresidenta Vicuña, no por voto popular como lo fuera Jorge Glas sino por encabezar la terna forjada por el presidente Lenín Moreno, ágil ahora en saltar de la izquierda a la derecha-, sería para el país una ocasión más de hacer el ridículo en el ámbito internacional, como ya lo hizo con el protocolo de comportamiento y mordaza impuesto por la Cancillería a Julian Assange, asilado en la embajada de Londres, y como lo hizo el 7 de noviembre la juez nacional Daniella Camacho al dictar auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Rafael Correa, como autor intelectual del presunto secuestro al político Fernando Balda ocurrido en Colombia el 2012, consiguiendo con ello quizá lo que verdaderamente se perseguía: enervar, si no terminar de hecho con la carrera política de Correa, igual que se hizo con Lula en Brasil. La suciedad política tampoco tiene límites.