Privados de libertad votarán el 14 de noviembre: lo que debes saber
El CNE realizará el voto de PPL en coordinación con el Ministerio del Interior y el Registro Civil
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el voto de las personas privadas de libertad (PPL) se realizará de manera anticipada el 14 de noviembre de 2025, dos días antes de la consulta popular y el referéndum previstos para el 16 de noviembre.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó a EXPRESO que, junto al Ministerio del Interior y el Registro Civil, se ha diseñado un cronograma y una planificación de seguridad para garantizar que los funcionarios electorales puedan asistir a la votación sin inconvenientes.
Coordinación con autoridades y seguridad electoral
“La organización incluye todas las medidas de seguridad necesarias para que el sufragio de las PPL se realice de forma ordenada y transparente”, señaló la presidenta del CNE durante su recorrido por las instalaciones donde se implementará la logística electoral. La planificación considera el traslado seguro de los funcionarios y materiales, así como protocolos específicos para cada centro penitenciario involucrado.
Derecho y obligación de participar
El voto en Ecuador es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 65 años, mientras que jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad pueden votar de forma facultativa. Las personas privadas de libertad también tienen garantizado este derecho, en el marco de la legislación vigente, bajo la supervisión directa del CNE.
Sanciones y cumplimiento
Quienes integren las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no cumplan con sus funciones enfrentan multas que van desde $47 hasta $9.400, dependiendo de la gravedad de la infracción. Aunque un ciudadano tenga sanciones pendientes, puede participar en los comicios, pero las multas se acumulan hasta que sean canceladas, pudiendo generar dificultades para realizar trámites públicos.
Importancia de la jornada
La consulta popular y el referéndum de noviembre incluyen cuatro preguntas clave, que abarcan la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, financiamiento estatal de partidos políticos, reducción del número de asambleístas y la posible convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente.
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