Sercop y municipios: la tensa relación entre criterios técnicos e intereses políticos

La reciente polémica entre el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y los municipios de Guayaquil y Quito ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca del posible uso del aparato estatal para resolver pugnas de índole política, como se denuncia en estos casos.

Mientras el Gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene que la suspensión de procesos de contratación tiene como único objetivo hacer respetar la ley, los alcaldes Aquiles Álvarez y Pabel Muñoz afirman que la medida carece de sustento e incluso tendría un sesgo político.

Pero, ¿realmente puede ser así? Para analistas consultados por Diario EXPRESO, existe una delgada -y casi difusa- línea entre el trabajo técnico del Sercop y la posibilidad de que este sea utilizado como herramienta de presión política, en este caso, contra los municipios del país.

El Sercop es un organismo técnico, pero sus directores a veces no

El exsubdirector del Sercop y docente de la Universidad Simón Bolívar, Luis Alberto Andrade Polanco, aclara de entrada que el Sercop es una entidad netamente técnica que sí tiene, dentro de sus competencias y atribuciones, la capacidad de monitorear y controlar los procesos de contratación pública.

Sin embargo, reconoce que no está totalmente ajeno a intereses políticos. “El Sercop debe ser dirigido por personas técnicas para evitar distorsiones en materia de contratación. La posibilidad de convertirlo en una herramienta política dependerá de quienes ejerzan la dirección”.

Demostrarlo es más sencillo de lo que parece, acota Andrade: basta con verificar si los municipios señalados cometieron o no inconductas en los procesos de contratación pública “que permitan justamente al ente rector de la contratación estatal ejercer este control”.

José Julio Neira defiende suspensión de procesos de municipios

Y para el director encargado del Sercop, José Julio Neira, así ha sido. En una reciente intervención en Teleamazonas, Neira aseguró que la suspensión de procesos de contratación en los municipios de Guayaquil y Quito responde a la detección de posibles irregularidades.

“¿Qué le puedo decir yo a la señora del mercado Iñaquito que vende hornado a cinco dólares, cuando el alcalde de Quito (Pabel Muñoz) quería comprar hornados a 15 dólares?”, dijo Neira, en referencia a la polémica alrededor de la Serenata Quiteña, mostrando facturas.

Tanto así -defendió Neira- que apenas ocho millones de los 276 millones de dólares adjudicados en procesos de contratación pública subidos al sistema han sido suspendidos al Municipio de Quito por incumplir la ley.

Asimismo, respecto al lío por la suspensión de procesos en el Municipio de Guayaquil, Neira recalcó en X que solo 9,7 millones de los 916,2 millones de dólares adjudicados han sido suspendidos y que el Sercop sigue a la espera de que se subsanen las irregularidades.

Los municipios también fallan, aunque no lo quieran reconcer

Para el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, este escenario abre otra posibilidad: que los municipios intenten ocultar sus errores mediante un relato de persecución política. “Todo es posible. Más que posibles irregularidades, han quedado en evidencia por errores tontos y básicos cometidos en los procesos de contratación”.

Sin embargo, advierte que eso no debe hacer perder la perspectiva del tema: “Las leyes están para cumplirse. Si el Sercop está actuando al margen de la ley, esto debe ser denunciado públicamente. Si los alcaldes, como autoridades municipales, están incumpliendo la norma, también debe denunciarse”.

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