Que el tiempo corto no sea justificación. Los ecuatorianos acudieron a las urnas aferrados a la esperanza de que el futuro gobierno establezca en algo más de un año y medio de gestión, al menos, las bases para empezar a resolver los mayores problemas que les aquejan.

Consultados por EXPRESO, analistas y activistas coinciden en señalar que las acciones de arranque del Ejecutivo se deben centrar en dar respuesta al problema de la inseguridad que no ha sido resuelto por el gobierno saliente de Guillermo Lasso.

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Rocío Rosero, activista por los derechos de las mujeres, señaló que quien llegue a Carondelet debe aplicar políticas urgentes en materia de seguridad, pero con un concepto más amplio del simple criterio de equipar más a la policía o mandar a los militares a las calles.

“Debe tener una dimensión integral, con políticas de protección social promoviendo la igualdad, el respeto a las leyes. Hay que fortalecer a ministerio como el de la Mujer y aplicar la ley sobre prevención de violencia que son elementos esenciales para enfrentar la violencia”, señaló la activista.

El analista político Giuseppe Cabrera coincide que el tema seguridad debe ser primordial, porque ya no se trata de un tema de percepción, como siempre quieren hacer pensar los gobernantes, y se ha convertido en un tema de “supervivencia”.

“En año y medio ninguno va a lograr resolver el problema, pero la gente no va ser condescendiente de que, porque es poco tiempo, no se haga nada. Si están pensando en 2025 (una reelección) deben, por lo menos, bajar la percepción de inseguridad en las zonas calientes”, señaló Cabrera.

Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, dijo que a la par de la inseguridad el gobierno deberá trabajar en mejorar las cifras de inversión y que eso se vea reflejado en un despunte de los niveles de empleo, otra deuda de la administración saliente.

Coinciden los tres en señalar que tampoco el gobierno que, tentativamente se posesionará en diciembre, podrá lograr avances solo y le tocará hablar con otros sectores. “Cualquiera que llegue tendrá problemas de gobernabilidad y para avanzar tendrán que ser solidarios, incluso ceder espacios de gobierno”, aseveró Cabrera.

Rosero cree que el primer y más importante pacto es cumplir lo que está establecido en la Constitución en materia de derechos y, con base a eso, comprometer a otros actores sociales y políticos a seguir lo que dice la Carta Magna.

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Para Jorge Calderón, analista económico, el trabajo mancomunado que lleve el próximo mandatario con la Función Legislativa es indispensable para poder ejecutar sus planes más urgentes.

“Ninguno de los dos candidatos actuales que están en el balotaje tienen una mayoría. Pero en todo caso, los movimientos políticos que ellos vayan a desarrollar serán determinantes en función del consenso que puedan lograr”, sostiene.

Agrega que se deben maximizar los esfuerzos para fortalecer la seguridad jurídica en el país con el objetivo de atraer la inversión extranjera.

“El inversionista cuando viene a un país quiere tranquilidad, quiere desarrollar sus negocios en paz...Necesita una normativa clara para poder resolver ese conflicto, pero si no hay garantías no quiere estar en ese país. No se trata de una carrera de velocidad, sino una carrera de persistencia”, indica Calderón, rector del Tecnológico Argos.

Gonzalo Albán, coordinador del Centro de Estudios Socio - Políticos de la Universidad Ecotec, comenta que el próximo Gobierno también debe contribuir con prácticas que incentiven el desarrollo de la empresa.

“El no contar con líneas de crédito apropiadas, a tiempo, a plazo extenso y por supuesto con condiciones favorables, limita a que el empresariado también pueda detenerse, es decir, que este se contraiga. Por ende la importancia de poder promover crédito oficial, crédito público”, manifiesta Albán.

Explica además que las crisis carcelarias y en la red pública de salud tienen vías de salida en este año y medio de gestión, pero depende del compromiso del próximo gobernante.

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“Cuando tienes procesos de contratación puedes incluso llevar a fases de emergencia para poder contratar de una forma mucho más eficiente y rápida. Claro, vigilando la transparencia a lo largo del proceso, pero es una forma de responder a la ciudadanía, que es lo que no ha hecho este Gobierno y que podría el próximo hacerlo”, dice.

Que el ciudadano vea inversión en el ámbito social y en obras públicas legitima al candidato, comenta el catedrático. “El país necesita de alguien que sepa ejecutar el gasto bajo principios de eficiencia, de transparencia y ética y demás, pero que esto permita llevar a que el ciudadano perciba y palpe que los resultados están ahí”, finaliza.

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