De hipocresía califican las organizaciones de apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar la decisión del Estado de acortar el presupuesto para la implementación de la Ley de Erradicación de Violencia Contra la Mujer.

El desacuerdo alcanzó su tope esta semana, cuando a raíz de esta reducción, se anunció la modificación de los Servicios de Protección Especial (SEPE), que brindan ayuda y asistencia legal a mujeres en las zonas rurales y ciudades más alejadas del país.

“En muchos lugares, los SEPE constituyen el único servicio público y gratuito que ofrece atención especializada e integral en materia legal, psicológica y trabajo social para las sobrevivientes de violencia de género”, señaló en un comunicado el centro de apoyo y protección de los derechos humanos capitalino, Surukuna.

En respuesta a la crítica, la Secretaría de Derechos Humanos indicó que las 46 entidades a nivel nacional no se eliminarán, sino que “se reorganizarán en base a los índices arrojados en la última encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres”. Agregaron que para estas dependencias se estableció un monto de $ 876.862.

Esta cifra se desprende del monto total de $ 4.755.419. En 2018, la cifra para la atención de víctimas era de $ 8.676.624. En 2019 se redujo en cerca de $ 2 millones. Con el fin de palear los vacíos que deja el recorte presupuestario, la entidad señaló que se renovarán convenios con cinco organizaciones sociales y se “incrementarán dos acuerdos con municipios para el funcionamiento de casas de acogida, y otros 16 para Centros de Atención Integral”.

En 2018 se reportaron 49.414 denuncias por violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. El año pasado, la cifra aumentó a 66.500.