¿Puede la Conaie sostener un paro indefinido bajo el estado de excepción de Noboa?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este 18 de septiembre un paro nacional inmediato e indefinido, en rechazo al fin del subsidio al diésel y a las políticas económicas del Gobierno. La convocatoria llega apenas dos días después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en siete provincias, lo que limita las condiciones para una movilización prolongada.

La decisión indígena

“¡La Conaie se levanta por la vida y los derechos!”, publicó la organización en sus redes sociales al confirmar la medida. La resolución se adoptó en una asamblea extraordinaria en Riobamba, donde dirigentes como Marlon Vargas señalaron que el paro se mantendrá “hasta que el Gobierno rectifique”.

El alcance del estado de excepción

El Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre, declaró el estado de excepción por 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, con la causal de grave conmoción interna. Entre las medidas figura la suspensión de la libertad de reunión, lo que habilita a las Fuerzas Armadas y a la Policía a impedir aglomeraciones en espacios públicos que sean consideradas amenazas a la seguridad.

Aunque el decreto puntualiza que no se restringe el derecho a la protesta pacífica, en la práctica limita la organización de plantones, marchas y concentraciones masivas. Además, faculta a la fuerza pública a “desarticular reuniones en espacios públicos” cuando se identifiquen riesgos al orden público.

¿Qué significa para el paro indefinido?

La medida de la Conaie podría enfrentarse a un marco legal adverso. Al estar vigente el estado de excepción, los bloqueos de vías y cierres de carreteras —características recurrentes en los paros nacionales— pueden ser considerados delitos contra la seguridad pública, más aún bajo la advertencia de Noboa de acusar de terrorismo a quienes bloqueen el acceso al agua o presionen a agricultores.

Esto no impide que existan manifestaciones, pero sí coloca a los dirigentes indígenas en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica, al poder ser detenidos por desacato a las disposiciones de excepción. Otro escenario podría ser la capacidad de movilización en las provincias que no están bajo estado de excepción.

Escenario de tensión entre la Conaie y el Gobierno de Ecuador

La simultaneidad entre el anuncio del paro indefinido y la vigencia del estado de excepción eleva la tensión política y social en Ecuador. Mientras Noboa endurece su discurso contra quienes obstaculicen servicios básicos, la Conaie apuesta por mantener la presión en las calles.

Lo que dice el decreto sobre las manifestaciones

• Suspensión del derecho de reunión: en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo se limita la conformación de aglomeraciones en espacios públicos las 24 horas del día. Esto implica que la Policía y las Fuerzas Armadas pueden impedir y desarticular concentraciones que representen amenazas a la seguridad, alteren el orden o paralicen servicios públicos.
• Protesta pacífica permitida: el decreto aclara que no se prohíbe el derecho a manifestarse, siempre que se haga de manera pacífica y sin afectar derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía
• Bloqueos y paralizaciones: los cierres de vías, interrupciones de servicios o acciones que limiten el libre tránsito, el trabajo o la actividad económica se consideran actos abusivos, fuera del marco de la protesta pacífica. En esos casos, la Fuerza Pública está facultada a actuar.
• Duración: el estado de excepción dura 60 días y se aplica exclusivamente en las siete provincias donde se han reportado bloqueos y disturbios.

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