Noboa lanza programa de residencias universitarias en instituciones públicas

El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo 182, con el que crea el Programa de Residencias Universitarias “Casa U”, una iniciativa destinada a implementar residencias en universidades y escuelas politécnicas públicas del país. El objetivo, según el documento, es garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer el acceso a la educación superior.

El decreto establece que el Gobierno Central asignará recursos a las instituciones públicas para la puesta en marcha del programa, siempre que cumplan con las condiciones definidas por el ente rector en materia de educación superior. Este paso busca, según el Ejecutivo, “contribuir al principio de igualdad de oportunidades” entre los jóvenes ecuatorianos.

Los criterios para recibir financiamiento

Las universidades y escuelas politécnicas deberán cumplir con cinco criterios para acceder al financiamiento estatal. El primero está relacionado con su porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2024 y del primer semestre de 2025. También se considerará el porcentaje de estudiantes provenientes de otras provincias, evaluando los últimos cinco años en cuanto a ingreso, egreso y promedio anual de matrícula.

Otro punto clave es la presentación de un modelo de gestión e implementación de las residencias, que deberá incluir alimentación subvencionada. Además, las instituciones tendrán que ser titulares de un bien inmueble apto para uso exclusivo del programa, o contar con un convenio legalmente válido que garantice la disponibilidad del espacio para este fin.

Coordinación y disposiciones económicas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un dictamen favorable para el programa mediante el oficio MEF-VGF-2025-0714-O, fechado el 13 de octubre de 2025, y recomendó que las entidades ejecutoras sigan sus observaciones. De acuerdo con el Decreto, el ente rector de educación superior deberá coordinar con el MEF la fuente de financiamiento y la disponibilidad presupuestaria para la implementación del plan.

En el marco del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Gobierno se compromete a garantizar recursos de forma “predecible y automática”, cumpliendo con los principios establecidos en la Constitución. El texto resalta que el Estado debe garantizar el financiamiento de las instituciones públicas y permitirles generar ingresos complementarios para investigación y becas.

Plazos y normativa para aplicar el plan

El decreto fija un plazo máximo de 30 días desde su suscripción para que el ente rector de educación superior emita la normativa secundaria necesaria para aplicar el programa. Esa normativa deberá definir los requisitos mínimos que los estudiantes deberán cumplir para acceder y permanecer en las residencias universitarias.

Una vez publicada dicha normativa, las universidades y escuelas politécnicas públicas tendrán otros 30 días para presentar su modelo de gestión del programa. El ente rector revisará y aprobará cada propuesta de manera individual, también en un máximo de 30 días, lo que marca un cronograma de acción acelerado para la ejecución.

Fundamento constitucional y educativo

El documento presidencial cita más de una docena de artículos de la Constitución del Ecuador y de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para justificar la creación del programa. Entre ellos, el artículo 26 de la Carta Magna, que establece que “la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible del Estado”.

Además, el artículo 357 de la Constitución recuerda que el Estado debe garantizar el financiamiento de la educación superior pública, mientras que la LOES refuerza el principio de igualdad de oportunidades, que asegura a todos los actores del sistema las mismas posibilidades de acceso, permanencia y egreso sin discriminación.

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Un plan para la movilidad y la equidad

Con este decreto, el Gobierno busca facilitar la movilidad de estudiantes que se trasladan desde distintas provincias para cursar sus estudios. El texto reconoce que “es necesario que la educación superior pública sea accesible para todos los ecuatorianos”, lo que se traduce en un apoyo directo a quienes enfrentan barreras económicas o geográficas.

El Programa “Residencia Universitaria” entrará en vigencia desde su firma, realizada en Santa Elena el 15 de octubre de 2025, y su publicación en el Registro Oficial formalizará la puesta en marcha de esta política pública que busca reducir las desigualdades en el sistema educativo.

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