Exdirector de Trabajo pide acción fiscal por supuestas presiones en trámite de Rosero

En la mañana del 4 de diciembre, el exdirector regional del Ministerio de Trabajo, Christian Marín, acudió a la Fiscalía para avanzar en la denuncia presentada contra el ministro Harold Burbano. Lo hizo con un mensaje directo: entregará su celular para que peritos extraigan la información que, asegura, prueba presiones indebidas. “Voy a hacer la diligencia en los próximos días”, explicó.

A las afueras de la Fiscalía, Marín relató que el contenido de su teléfono reúne datos vinculados a lo que él considera una actuación irregular dentro del Ministerio. Señaló que también denunció a la abogada Lasso y a la asesora Sharian Moreno, quienes (según dijo) participaron en los hechos registrados en la Dirección Regional. “Me estaban obligando a levantar un impedimento legal a favor del señor Álvaro Rosero”, afirmó.

¿Qué dijo Marín sobre el ministro?

El exfuncionario insistió en que el ministro Burbano llegó a su despacho “de manera prepotente y altanera” el 19 de noviembre, alrededor de las 11:30. Según su versión, el pedido del ministro era concreto: remover la inhabilitación para ocupar cargos públicos que pesaba sobre Rosero. “Me daba tres minutos para que levante la prohibición”, dijo Marín en esa declaración previa.

En su testimonio, reiterado este 4 de diciembre, añadió que el ministro le aseguró venir “de parte del presidente”, aunque aclaró: “Yo no lo creo”. Marín también buscó desmarcarse de lecturas políticas del caso. “No soy político, la política no me interesa. Apoyo al gobierno de Daniel Noboa; lo que no apoyo es la corrupción”, expresó.

Las respuestas de Burbano y el contexto reciente

Las tensiones en el Ministerio habían escalado un día antes, cuando el ministro Burbano declaró en Contacto Directo que la verificación de un impedimento puede durar entre 10 minutos y tres horas. Explicó que la habilitación o inhabilitación depende de la entidad correspondiente y que, en el caso de Rosero, el certificado de deuda fue emitido por el IESS.

Con ese documento, añadió Burbano, el Ministerio de Trabajo procedió al levantamiento del impedimento. También defendió que su institución solo solicita información a otras entidades. En la Comisión de Fiscalización, donde se debatió el tema el 21 de noviembre, señaló que el certificado del IESS “era el único requisito” para habilitar a Rosero.

El choque político y la salida de Marín

Esa sesión legislativa enfrentó a la Revolución Ciudadana y al oficialismo, que se midieron en torno a la rapidez del trámite. La RC cuestionó el proceso y denunció presiones contra Marín, cuya salida del cargo llegó poco después. Para Burbano, sin embargo, su desvinculación obedecía a una razón administrativa: los cargos jerárquicos superiores “son de confianza”.

Durante la misma intervención parlamentaria, el ministro lamentó la atención sobre el caso Rosero. “Dejemos de estar conversando de cosas que a mí me parecen suntuarias y que deberían generar otro tipo de reacción”, dijo ante los legisladores. Las declaraciones contrastan con las nuevas diligencias impulsadas por Marín en Fiscalía.

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