OPERATIVO MILITAR SUCUMBIOS
Militares y policías están desplegados en nueve provincias de Ecuador.CORTESIA: FUERZAS ARMADAS

Estado de excepción en Ecuador: los derechos suspendidos en nueve provincias del país

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción a vísperas del feriado por Semana Santa

A vísperas del feriado de Semana Santa, el presidente Daniel Noboa dictó medidas urgentes para combatir la inseguridad en Ecuador. Mediante el Decreto Ejecutivo 353, se oficializó un nuevo estado de excepción que regirá en zonas estratégicas del país durante los próximos 60 días.

Las provincias y cantones bajo la medida

La disposición presidencial no abarca todo el territorio nacional, sino que se concentra en nueve provincias y cuatro cantones específicos donde se ha identificado una mayor actividad de estructuras de delincuencia organizada.

Provincias afectadas:

  • Guayas, Manabí y Santa Elena.
  • Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
  • Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos.

Cantones adicionales:

  • La Maná (Cotopaxi).
  • Las Naves y Echeandía (Bolívar).
  • La Troncal (Cañar).
Toque de queda Guayaquil
Antes del nuevo estado de excepción, el presidente Daniel Noboa decretó toque de queda para cuatro provincia durante la segunda quincena de marzo de 2026.Cortesía

Derechos suspendidos: Inviolabilidad de domicilio y correspondencia

El decreto establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que faculta a la fuerza pública a realizar allanamientos inmediatos sin orden judicial previa, siempre que existan indicios de que en el inmueble se ocultan miembros de grupos armados o se almacenen armas y drogas.

Asimismo, se suspende la inviolabilidad de correspondencia. Esto permite la identificación y análisis de información pertinente para neutralizar amenazas, bajo un informe motivado que justifique la excepcionalidad de la medida.

Requisición de bienes y antecedentes

Aunque no se ha decretado un toque de queda general en este documento, el Gobierno mantiene la potestad de requisar bienes y servicios de origen ilícito que sean necesarios para la continuidad de las operaciones de seguridad.

Esta decisión se suma a las intervenciones realizadas en la segunda quincena de marzo de 2026, donde provincias como Guayas y Los Ríos ya experimentaron restricciones de movilidad para golpear la economía criminal.

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