Ecuador en las urnas: ¿podrá el Estado garantizar seguridad y evitar sabotajes?
El éxito depende menos del contenido y más de factores externos, aseguran expertos
A menos de diez días de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha intensificado sus esfuerzos para blindar el proceso democrático. El pasado 27 de octubre, el organismo activó la Mesa Nacional de Seguridad Electoral, una instancia interinstitucional que reúne a más de 20 entidades del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el ECU 911, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
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La presidenta del CNE, Diana Atamaint, calificó la activación de la mesa como “un hito técnico y humano que exige coordinación, experiencia y rigurosidad”. Según Atamaint, el objetivo es garantizar un proceso electoral transparente, seguro y ordenado, en un contexto marcado por la polarización política y el debate sobre reformas estructurales.
El operativo de seguridad contempla la movilización de más de 100.000 uniformados. Las Fuerzas Armadas desplegarán 61.500 efectivos, mientras que la Policía Nacional sumará 57.460 agentes, apoyados por 8.412 vehículos, tres aeronaves y 41 drones.
Se instalan 25 mesas de seguridad
Además, se han instalado 25 mesas de seguridad —una nacional y 24 provinciales— que operan de forma permanente para monitorear riesgos y coordinar respuestas ante posibles incidentes. El general Clever Guaytarilla, representante de las Fuerzas Armadas, aseguró que “el personal de inteligencia ya está trabajando en los recintos electorales para identificar vulnerabilidades y aplicar medidas preventivas”. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos están bajo especial vigilancia por su historial de conflictividad.
El politólogo Alejandro Calderón advierte que “el éxito de una consulta popular en Ecuador depende menos del contenido de las preguntas y más de factores externos, como la gestión de la seguridad o la percepción ciudadana sobre el mandatario de turno”.
En su análisis, Calderón señala que estos procesos, aunque fomentan el debate ciudadano, han sido utilizados históricamente como herramientas de legitimación política más que como mecanismos de transformación estructural.
Mientras que, la analista política Andrea Endara va más por el cambio de personal de seguridad: “La evaluación del riesgo electoral dependerá en gran medida de la experiencia de las mesas y tribunales. Quienes actualmente integran estas instancias han participado en varios procesos anteriores, dado que no se ha renovado el personal. Esta continuidad reduce el riesgo de errores operativos”, señala.
Daniel Pontón, expero en seguridad asegura que si existiera una estrategia a gran escala para generar fraude electoral, sería complejo para el país “y particularmente para el CNE enfrentar una situación de esa magnitud”.
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