Los jueces de la Corte Constitucional, con la excepción de Enrique Herrería, no tienen nada qué decir sobre Alembert Vera y el operativo que montó y que sigue en pie con un juez de Montecristi para echarse abajo las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio presidido por Julio César Trujillo (+). Menudo operativo que significa echarse abajo la propia Corte Constitucional y a la fiscal en funciones, entre otras cosas necesarias para que Rafael Correa pueda regresar al país e intentar recuperar el poder.

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Según ellos, prefieren guardar silencio porque, como lo registró EXPRESO que les pidió un pronunciamiento sobre el tema, al ser jueces constitucionales están impedidos de emitir un criterio respecto a los procesos jurisdiccionales que se encuentran bajo el conocimiento de la Corte Constitucional. Esto, a pesar de que el Diario no les pidió que tomen una postura al respecto sino únicamente que hablen sobre los tiempos.

Lo preocupante en el silencio de los jueces es que ni siquiera hayan expresado una posición doctrinaria frente al tema. ¿No podían hacer una declaración que definiera sus convicciones jurídicas sobre lo que significa que alguien, sin mencionar a Vera, intente desacatar una orden de autoridad competente que, en este caso, significa la desinstitucionalización del país? ¿No podían hacer una declaración sobre lo que significa para el país que se ponga en peligro la ya frágil institucionalidad democrática? En lugar de eso, publicaron el martes por la tarde un lacónico comunicado en el que dicen que están procesando la información recibida sobre el tema. Nada más.

Por muchísimo menos, en enero de 2023, la misma Corte Constitucional que ahora pisa sobre huevos, destituyeron sin atenuantes a todos los miembros del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En ese caso fue porque los jueces sostenían que ese organismo no nombró al titular del Consejo de la Judicatura: una causal bastante nimia si se la compara con el afrentoso y sinvergüenza operativo de Alembert Vera que, además, se puso en evidencia cuando ni siquiera apeló la acción de protección del juez de Montecristi. Una acción de protección que es la punta del ovillo del intento de golpe institucional en el que trabaja Vera. Es más, en esa ocasión la Corte Constitucional destituyó a consejeros del CPCCS que ni siquiera estuvieron presentes en la sesión en la que no se pudo designar al presidente de la Judicatura. ¿Dónde se les cayó la severidad? ¿A qué momento y por qué cambiaron tanto?

A juzgar por la severidad y diligencia que tuvieron en contra de ese CPCCS, la inmensa cautela con la que actúan frente a un operador confeso de Rafael Correa cuya única agenda es beneficiarlo, resulta sino curiosa al menos incoherente.

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Alembert Vera es un operador político de Rafael Correa y no dejará de usar al CPCCS como su herramienta para cumplir con la agenda que el prófugo necesita para regresar al país e intentar retomar el poder del Estado. Si Vera no es sancionado ahora, no solo que continuará con el operativo que tiene ya muy avanzado para designar a un contralor o contralora a la medida de las necesidades de su mentor, sino que ensayará cualquier pretexto para sacarse de encima a la Corte Constitucional y la fiscal de la Nación.

La impunidad es la principal motivación para volver a intentarlo y eso lo saben a la perfección los jueces constitucionales. Por eso, esta cautela que raya con el desentendimiento produce tantas interrogantes como suspicacias.

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