La Contraloría General del Estado emitió un comunicado la noche del 13 de abril del 2024 para ratificar que existe una sentencia ejecutoriada que incluye una multa y destitución de Patricio Chávez. Actualmente es legislador de la Revolución Ciudadana (RC).

La institución de control estatal argumenta que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito ratificó las responsabilidades administrativas derivadas contra Patricio Chávez, en una auditoría aprobada en 2018.

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Explica que el 6 de abril de 2018 la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas aprobó el informe del “Examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017”.

Como resultado de ese informe, dice la Contraloría, la Dirección Nacional de Predeterminación estableció la responsabilidad administrativa de multa y destitución del servidos público, Patricio Chávez Zavala, en su calidad de delegado ante el Directorio de Petroecuador. Fue presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en el Gobierno de Rafael Correa.

Se señala a Chávez por autorizar una operación de crédito, durante el periodo del 8 de diciembre de 2015 al 21 de marzo de 2016, entre el Banco Industrial y Comercial de China y Petroecuador por 970 millones de dólares, con garantía soberana del Estado ecuatoriano.

“La empresa pública gestionó líneas de crédito, aunque esta es una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Finanzas. Tampoco se suscribió el convenio de restitución entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas previo al otorgamiento de la garantía soberana. Esto ocasionó que no se garantizara la recuperación de recursos si la cartera de Estado hubiese tenido que cancelar el crédito como garante”, argumenta la Contraloría.

Por tanto, la Dirección Nacional de Responsabilidades confirmó el 20 de septiembre de 2018 la responsabilidad administrativa con multa y destitución contra Chávez. El funcionario presentó un recurso de revisión y posteriormente una impugnación pero ambos fueron rechazados. Quedó “en firme la multa y destitución”, recalca la Contraloría.

El 28 de marzo de 2024, Chávez presentó un recurso de casación, “sin solicitar de manera oportuna la caución para suspender los efectos de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo” del 27 de febrero de 2024. Por lo que se sentó razón de la ejecutoria de la sentencia el 8 de abril de 2024.

La Contraloría, bajo esos antecedentes, remitió la documentación al Ministerio de Trabajo “para que proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.

Chávez defiende su cargo actual

Chávez dijo el 13 de abril que se trata de “argucias” de la Contraloría para revivir un caso de 2018. Cree que hay un intento para sacarlo de la presidencia de la Comisión de Transparencia porque esa mesa legislativa fiscaliza el concurso que terminó designando a Xavier Mauricio Torres como nuevo contralor, en noviembre de 2023.

“El Ministerio de Trabajo pone en su página web que yo, no es que estoy destituido, sino que no estaría habilitado para ejercer cargo público”, añadió el actual asambleísta. Alegó que si se asume la sanción administrativa, esta debería tener vigencia en la fecha que se emitió, es decir en 2018. “Esto significa que el impedimento de ejercer cargo público se cumplió hace más de tres años. Por lo tanto, yo no estaría inhabilitado para ejercer cargo público”, recalcó.

Una acción administrativa no puede impedir el ejercicio de un funcionario electo por voluntad popular, agregó Chávez, sobre su función de asambleísta. El correísmo denunció que existe una persecución política en contra de su legislador: “Lo respaldamos y rechazamos la activación de un proceso de 2018 que busca amedrentar a las y los legisladores de esta Bancada Ciudadana”. Sin embargo, la Contraloría ratificó su “compromiso de integridad y no persecución”.

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