Consulta popular Ecuador 2025: posturas enfrentadas por el Sí y el No

Faltan pocos días para que Ecuador vuelva a las urnas. El 16 de noviembre de 2025, la consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa se perfilan como algo más que una jornada electoral: será un examen nacional de confianza, una votación entre la esperanza de cambio y el temor a repetir la historia. En calles, mercados y redes sociales, la pregunta se repite: ¿Una nueva Constitución podrá resolver los problemas del país o solo reacomodará el poder político?

El primer mandatario propone un paquete de reformas que, según sus defensores, busca reordenar la institucionalidad, fortalecer la seguridad y abrir el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Pero sus críticos advierten que el proceso podría debilitar la democracia, concentrar poder y alterar los equilibrios del Estado. Mientras tanto, el país vive un clima político cargado de simbolismos. Las campañas por el Sí y por el No se disputan la narrativa del cambio. Los mensajes oficiales prometen un nuevo comienzo, mientras las organizaciones sociales levantan consignas de resistencia: “No a la concentración del poder”, “Sí al cambio, pero no así”.

La discusión ocurre en medio de una crisis de seguridad, problemas económicos y un desencanto político que mina la confianza ciudadana. El recuerdo del proceso de creación de la Constitución de Montecristi, aprobada hace 17 años, se cuela en el debate como un espejo incómodo. Muchos temen que el país repita el error de refundarse sin resolver la violencia, el desempleo y la corrupción.

Al cierre de la campaña, dos voces contrapuestas, Juan Fernando Flores, vocal de CREO (impulsor del Sí), y Andrés Quishpe, presidente de la UNE (defensor del No), presentan sus puntos de vista sobre las reformas que se plantean.

Una alerta sobre concentración de poder y debilitamiento de derechos

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, mantiene una postura frontal frente a la consulta popular del 16 de noviembre. Ratifica su voto por el No y alerta sobre lo que considera un intento del Gobierno de debilitar derechos sociales y concentrar poder. “No hay pedagogía donde hay microtráfico, violencia sexual, acoso escolar o bullying. Ahí no se puede desarrollar la educación”, afirma.

Quishpe sostiene que las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo buscan “quitar derechos adquiridos” y obedecen a una agenda internacional. “El programa político del Gobierno responde a la carta número 23 del Fondo Monetario Internacional. Allí se establece eliminar subsidios, aplanar tarifas eléctricas, congelar sueldos y reducir la inversión pública”, argumenta.

Para el dirigente, la propuesta de nueva Constitución “es el molde jurídico que permitiría aplicar ese modelo económico”. El presidente de la UNE defiende la gratuidad de la educación superior y recuerda que este principio se logró tras una huelga de hambre en Montecristi, durante la Asamblea Constituyente de 2008.

Educación gratuita y derechos sociales en debate

“No es correcto que en pleno siglo XXI debatamos cómo convertir la educación en un negocio. Si se quita la gratuidad, los beneficiarios serán quienes hacen de la educación un negocio privado”, advierte. Frente a las críticas que lo califican como un actor político más que gremial, Quishpe responde: “Hemos sido de confrontación y de propuestas. Denunciamos la eliminación de la compensación jubilar, los despidos de maestros y médicos, y la precarización laboral. También logramos que se declarara inconstitucional la Ley de Integridad Pública”.

Sobre la consulta popular simbólica organizada por la UNE, el dirigente explica que busca abrir espacios de reflexión. “Son cuatro preguntas que no resolverán los problemas del país. Quitar financiamiento a los partidos es privatizar la política, y reducir asambleístas afectará a las provincias más pequeñas, como Bolívar y Santa Elena”.

Quishpe asegura que detrás del referéndum hay una estrategia política: “Este proceso es un cheque en blanco al mandatario. Por eso decimos No, en defensa de los derechos sociales, de la educación gratuita y del trabajo digno de todos docentes”.

Juan Fernando Flores defiende el Sí y una Constituyente

El vocal de la directiva nacional del movimiento CREO, Juan Fernando Flores, expresó su respaldo al Sí en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, impulsados por el Gobierno. En diálogo con EXPRESO, defendió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como el camino para “corregir las trabas que dejó la Constitución de Montecristi” y reconstruir la institucionalidad del país.

“La Constitución que se hizo en Montecristi, más que solucionar los problemas de los ecuatorianos, fue adecuar la camisa a la talla de quien estaba en Carondelet”, afirmó. Para Flores, la carta magna vigente ha debilitado la institucionalidad y distanciado al Estado de los ciudadanos. “A través de una Constituyente es la única forma en que podemos hacerlo, porque los cambios que se han hecho solo han sido paños de agua tibia”.

Para el dirigente, el éxito del proceso dependerá de la responsabilidad de los partidos políticos y del voto informado. “Debe haber candidatos a la altura, no legisladores que sesionan desde la cama o se dedican a dibujar”, criticó, al insistir en la necesidad de una representación con calidad y compromiso.

Reforma estructural del Estado y seguridad ciudadana

Flores rechazó las voces que ven en la consulta un interés político del Gobierno y aseguró que CREO impulsa una agenda basada en tres ejes: una reforma estructural del Estado, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y una descentralización real. “El Consejo perdió su institucionalidad y se convirtió en un brazo político de la Revolución Ciudadana”, advirtió.

En materia de seguridad, defendió la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. “Muchos dicen que se pierde soberanía, ¿pero acaso no la hemos perdido ya frente al narcotráfico?”, cuestionó.

También respaldó la reducción del número de asambleístas, aunque señaló que “el problema no es el número, es la calidad”. Y sobre denuncias por uso de recursos públicos, fue enfático: “Funcionario que haga campaña en horario laboral debe ser denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral o la Contraloría”. “Cuando diez delincuentes son detenidos y un juez corrupto los deja libres, de nada sirve lo que está escrito en el papel”, concluyó Juan Fernando Flores.

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