Bases militares extranjeras en Ecuador: ¿Afectan la soberanía y tratados del país?

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem llegó a Ecuador y visitó bases militares de Manta y Salinas. El guiño responde a la intención de definir la ubicación de una o varias instalaciones vinculadas al Departamento de Homeland Security (DHS), como parte de los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad. El anuncio ha generado inquietud sobre el alcance de estas instalaciones, su legalidad y las implicaciones para la soberanía nacional.

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Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército, dice que es erróneo pensar que una base militar va a solucionar los problemas de seguridad. “El país tiene cuatro décadas de penetración del narcotráfico y no se van a solucionar con 15 hombres que vengan por más Rambo que sean”, sostiene.

Además, Pazmiño cree que otro error al plantear la posibilidad de traer bases extranjeras es no comenzar por definir primero las necesidades a través de un diagnóstico.

Al identificar el problema, establecer objetivos, proponer soluciones, definir los recursos necesarios y elaborar un plan de acción, una de las opciones podría ser solicitar el apoyo de una base militar extranjera, pero como parte de un enfoque integral para solucionar los problemas de seguridad que enfrenta el país.

Pese a todo, Pazmiño reconoce que la intención de traer bases militares extranjeras tiene un efecto disuasivo para las organizaciones delictivas. Dice que sí les afecta, porque la salida de droga se vuelve sumamente difícil al haber un control más riguroso.

La Constitución y los límites a la cooperación militar

La Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras. Esta restricción, vigente desde 2008, fue una respuesta al cierre de la base de Manta, que operó bajo convenio con EE.UU. hasta 2009. No obstante, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una reforma constitucional que será sometida a referéndum en noviembre, donde se consultará a la ciudadanía sobre la posibilidad de permitir este tipo de instalaciones.

El abogado penalista Julio Cueva señala que sí se puede instalar porque la base o más bien el puesto de avanzada será con personal militar. “O hay trampa porque se autoriza una ‘base militar’, el convenio que en base a esa autorización se va a firmar es el que va a determinar todo lo que pueden hacer”, afirma.

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