Aguante, resistencia, resiliencia, paciencia y empuje son capacidades con las que deben contar o desarrollar las mujeres que incursionan en la política ecuatoriana. EXPRESO conversó con tres féminas que han sido los rostros principales de sus organizaciones partidistas, sobre cómo ha sido su andar en la esfera política y las limitaciones que han tenido que aceptar.

Wilma Andrade es una de las figuras con más trayectoria de Izquierda Democrática (ID). Para ella, el crecimiento político es uno de los obstáculos por los que la mujer debe luchar. Comenta que aunque algunos la han visualizado como una prometedora alcaldesa para la capital, su partido no la respaldó.

Andrade también fue asambleísta, diputada, concejala y vicealcaldesa de Quito, y a pesar de que contaba con trayectoria, la ID nunca concretó su participación para la Alcaldía ni para un binomio presidencial. Recuerda que al llegar a la Asamblea Nacional “me dijeron de todo para que renuncie a la presidencia del partido, porque supuestamente yo no podía llevar dos cosas a la vez”.

Ella lideró el proceso de reestructuración del partido luego de que este fue eliminado del registro electoral, en 2013, y presidió la agrupación política desde 2016 hasta 2020. La exasambleísta, quien ha resuelto no postularse para regresar a su curul, luego de que fuera cesada tras la muerte cruzada, sostiene que “la política es machista”.

En esto concuerda la socialcristiana Patricia Henríquez: “Los hombres no quieren perder la hegemonía del poder”. Dice que “cuando están en puestos importantes, como en los municipios, no permiten que la mujer ejerza su autoridad o su función en lo que le compete realizar, sino que tratan de hacerlas a un lado, de excluirlas. Es una situación bastante engorrosa”.

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Henríquez fue vicealcaldesa de Machala por 11 años y no se atrevió a expresar su deseo por ser alcaldesa de esa ciudad por consideración a la trayectoria del entonces alcalde Carlos Falquez Batallas. En 2013 lo volvió a respaldar como compañera de fórmula para su reelección, ya que pensaba que con esa postulación quería terminar su carrera política. Sin embargo, su candidatura fue impugnada y fue su hijo, Carlos Falquez Aguilar, quien lo reemplazó.

La socialcristiana vio otro espacio y en 2016 dejó su cargo como vicealcaldesa y se postuló para asambleísta. Henríquez sostiene que “las mujeres todavía tenemos muchos problemas para ser candidatas; muchas veces nos eligen para ocupar los puestos de acuerdo con lo que dice la ley, pero en la mayoría de los casos no hay un apoyo por parte de los partidos políticos para esas candidaturas”.

Por esto Andrade señala que si en la normativa constitucional no estuviera incluida la paridad de género, la alternancia y la secuencialidad, “con seguridad, los partidos no pondrían a las mujeres en esos espacios”.

Por ello, colectivos de mujeres se han manifestado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por “los derechos a la participación política”, subraya la activista feminista Tamara Idrobo.

Ellas demandaron que se cumpla la paridad de género en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, luego de que el 23 de mayo el CNE determinó que para estos comicios no debía regir la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

A lo largo de la historia del país, la participación de la mujer para gobernar ha sido escasa. Desde 1948 hasta las elecciones de 2021, siete mujeres han pugnado por la banda presidencial. Una de ellas, Cynthia Viteri, lo hizo en dos ocasiones. La primera vez que las mujeres (Rosalía Arteaga y María Eugenia Lima) contendieron fue en 1998. Hasta la fecha, ninguna mujer ha podido ganar las elecciones.

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En cambio, para competir por la Vicepresidencia las mujeres han tenido relativamente más oportunidades: 26 han participado como binomio en nueve procesos electorales desde 1988. Solo Annabella Azín lo hizo dos veces, en 2009 y 2013.

Por otra parte, Andrade también expone que al momento de armar las listas, los partidos colocan hombres en los puestos principales y a mujeres que encabecen los distritos donde no tienen mucha fuerza. Por este motivo, a pesar de que la diferencia entre candidatos hombres y mujeres sea poca, al final en los resultados electorales se visualiza un mayor número de asambleístas hombres electos.

En los comicios de 2021, la participación de la mujer fue del 47,5 % y del hombre, 52,5 %. Sin embargo, el pleno legislativo, recientemente disuelto, estuvo conformado en un 37,2 % por mujeres y 62,8 % por hombres. “La organización política siempre se da modos para beneficiar a los hombres”, denuncia.

Es por esto que se tiene que exigir a los grupos políticos que acaten la paridad, manifiesta el analista político Daniel González, quien agrega que debido a que “la mayoría de las organizaciones políticas siguen siendo manejadas por hombres, lógicamente buscan que los espacios de poder estén en manos y en representación de ellos”.

A eso Idrobo suma el rol que la sociedad ha asignado a las mujeres: el de cuidado, no el de ser profesionales ni el de acceder a oportunidades de desarrollo, como la actividad política para llegar a ser jefas de Estado. También pesa la estructura mental del electorado y la desacreditación que acompaña a los perfiles femeninos, afirma la abogada y política feminista Gina Godoy, exasambleísta por Alianza PAIS. “Cuando una mujer se postula como candidata se le cuestiona si está preparada, si tiene una vida de mujer honesta, entre otras cosas que jamás se le demandan a ningún hombre. El hombre es candidato y punto”.

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El sociólogo Andrés Martínez cree que “a ambos se los debería medir con la misma vara”. Pero las críticas y el juicio que reciben las mujeres por su buena o mala gestión no suelen ser tan duros para los hombres.

Para González, todo esto se debe a que no tenemos una cultura ni estructuras políticas formadas. Y argumenta que “si las mujeres no hubieran luchado en 1924 para que se les permitiese votar, tal vez tuviéramos un país en el cual las mujeres no tendrían ni derecho al voto”.