El capitán Daniel Inga pide ayuda para que le revisen las fotos de su celular. Apenas puede divisar las siluetas en la pequeña pantalla de su móvil. En un esfuerzo por reconocer algo en el teléfono, lo aleja lo que más puede con sus manos, pero todo es inútil.

“Tenía mi visión al cien por ciento. Ahora no puedo mirar a lo lejos, porque todo se hace borroso”, describe mientras espera su turno en el área de oftalmología del hospital de la Policía, en el occidente de Quito. Él fue uno de los gendarmes agredido durante las protestas acaecidas desde el 3 hasta el 13 de octubre por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Inga forma parte del equipo de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzner y la noche del 12 de octubre, él junto a sus compañeros buscaban rutas idóneas para sacar vehículos de un cuartel del norte de la urbe. A las 20:00 subió a una motocicleta y recorrió por la calle De los Pinos hasta llegar a la avenida 6 de Diciembre, en donde había una turba.

“No tuve más opción que acelerar y pasar en medio de los manifestantes”, acota durante la espera. Casi a la mitad de su trayecto, la vista se le nubló abruptamente, la sangre le obstruyó la visión y estuvo a punto de estrellarse.

El oficial recibió un palazo en su frente, agresión que comprometió su ojo derecho. Logró llegar hasta el cuartel, donde lo estabilizaron y le suturaron la herida que se le abrió. Tras un operativo lograron llevarlo hasta la casa de salud policial para intervenirlo quirúrgicamente.

Ocho días estuvo en cama después de que le dieran el alta en la misma fecha que lo operaron. Pero ahora el médico le explicó que deberá esperar tres semanas para saber qué tipo de tratamiento se debe realizar. “Me dijo que tengo un edema y debo seguir tomando la medicación”, señala antes de irse a su trabajo, en Tungurahua.

Dañados también sus ojos

Inga se pierde entre los pacientes del cuarto piso del hospital de la entidad. Detrás de él, una puerta se abre y deja entrever a un joven delgado con gafas oscuras. Se trata de Mauro Chicaiza, cabo de la institución, quien corrió con peor suerte con su ojo izquierdo: lo perdió completamente.

Una piedra lo destrozó, cuando custodiaba la Plaza Grande, en el Centro Histórico capitalino, el 9 de octubre. “Se colocaron vallas en la calle Olmedo y en ese momento llegaron los manifestantes a decir que los dejemos entrar”, detalla junto a su madre Carmen Claudio.

Las bombas molotov zumbaban, al igual que las piedras. Una de estas lo dejó soñado y lo llevaron al hospital de la Policía. Allí le confirmaron la pérdida de su órgano, por lo que ahora está, poco a poco, acoplándose a su nueva rutina.

“Tengo que venir para que me sigan revisando, hasta que me coloquen la prótesis definitiva”, acota, a la espera de su turno con el especialista de otorrinolaringología.

Habla despacio mientras rememora que hace apenas tres años está en las filas policiales. Es de Latacunga (capital de Cotopaxi) y por su dedicación le dieron un lugar en la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), en Quito. Aunque hasta ahora no sabe qué futuro le depara dentro de la institución que tanto ama, está respaldado por su familia.

Ese mismo apoyo de sus seres queridos lo recibe Enrique Bautista, comandante de Policía del Distrito Calderón, en el norte de la ciudad. Su madre y su novia hacen que no decaiga en su salud, luego de que fuera retenido (junto a 53 uniformados) por manifestantes de San Miguel del Común, también en el norte, el 12 de octubre.

“Nos acercamos para verbalizar, para explicarles que no pueden alterar el orden público. Se habló con los cabecillas de este sector y nos íbamos a retirar”, señala, agregando además que estaban con personal militar.

En el momento que iban a retirarse más comuneros llegaron para ‘apresarlos’. Bautista calcula que alrededor de 3 mil personas los acorralaron y los obligaron a entregar su indumentaria antimotines. Les hicieron que se sacaran las botas y los obligaron a caminar hasta la iglesia de Calderón, la cual se convirtió en una suerte de prisión para los gendarmes.

“Nos hicieron ‘fila india’. Fue allí que nos golpearon con palos, piedras... nos dieron de puñetes y patadas”, describe este coronel de Estado Mayor. En ese ataque le rompieron la nariz, así como el hueso que sostiene su ojo derecho, por lo que fue llevado al hospital tras el rescate que estuvo a cargo de miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) así como del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Lo primero que hicieron los médicos fue colocarle placas metálicas que reemplacen al hueso de su cara. Por ahora tiene que esperar a que su rostro mejore para una segunda intervención quirúrgica para la arreglarle su nariz.

Los daños

Con Bautista estuvo también retenido el capitán Andrés Proaño, del Distrito Calderón. “Esa fecha salimos a las siete de la mañana a quitar de la vía Panamericana norte a una turba”, agrega el oficial.

Se repelió a los manifestantes, pero hubo quienes también respondieron con juegos pirotécnicos contra los gendarmes. Proaño asegura que tuvieron que caminar sobre vidrios rotos, aunque a él le rompieron el callo óseo que se formó en su brazo derecho después de que lo operaran para curarle una fractura. “Es probable que tengan que operarme nuevamente”, cuenta.

Francisco Aguilar, director del hospital de la Policía, indicó que durante la jornada de protestas ingresaron cerca de 230 uniformados, sin contar a los civiles. Los diagnósticos que se hicieron mostraron que los agentes tuvieron afectaciones en sus piernas, brazos, costillas y rostros. Dos tuvieron quemaduras en su cuerpo y otros perdieron piezas dentales luego de recibir pedradas, así como roturas en sus cabezas.

“Luego de darles el alta hay muchos policías que tienen pendientes cirugías. Hay también quienes vienen para los tratamientos y terapias”, agrega Aguilar.

LAS CLAVES

Uno está hospitalizado

En Quito, en el hospital de la Policía, solamente se encuentra internado el agente que resultó quemado luego de que le lanzaran una bomba incendiaria.

Los retenidos

En todo el país, 202 policías fueron retenidos por quienes protagonizaron las protestas.

En caso de discapacidad se garantiza el trabajo

José Alejandro Vargas, vocero de la Policía Nacional, detalló que en Quito se registró el mayor número de gendarmes lesionados: 63. De ellos, la mayor calamidad se dio en Calderón, localidad en donde se retuvo a más uniformados.

“Pero esto solamente es de las personas que tuvieron afectaciones físicas. No se toma en cuenta con los problemas psicológicos que representó (el paro y las agresiones)”, indicó.

Es por ello que no se tiene un número exacto de los agentes que tienen secuelas mentales. Para eso, los psicólogos de la institución deberán también hacer un análisis.

“Para nosotros enviar nuevamente a un policía a la calle se debe tener el visto bueno del profesional de la salud. Con esto se garantiza un trabajo acorde a lo que necesita la comunidad”, dijo el vocero.

Por el momento se está realizando un proceso médico para determinar las afectaciones físicas que tuvieron los uniformados. Es decir, que con los análisis que se harán se podrá confirmar cuántos policías quedarán con algún tipo de incapacidad física permanente.

Es ahí que trabajarán los miembros de la Dirección de Personal, de Bienestar Social, en Salud y Psicológica para las evaluaciones correspondientes, según Vargas.

“A los policías que por las consecuencias físicas y emocionales de estas actividades no puedan reintegrarse al área operativa se hará una reubicación”, precisó. Eso significa que una vez que se culmine con ese proceso, el gendarme con discapacidad tendrá la posibilidad de tomar un trabajo en el área administrativa.